Adicionalmente, los ataques contra las mujeres en política ya no se producen solamente por ser mujeres, sino también y fundamentalmente por concentrarse en tareas de fiscalización y cuestionar formas tradicionales y poco transparentes de manejo de la cosa pública. 

Más que un botón de muestra, contamos con numerosos casos como el de la concejala Vicencia Apaza, del municipio de San Pedro, acosada y suspendida por denunciar uso indebido de bienes municipales; Lidia María Quispe Mamani, concejala de Batallas, por fiscalizar el trabajo del alcalde; Marisol Esther Paccieri Quiroga, de Tiquipaya, amenazada, intimidada y tapeada por fiscalizar; Rocío Molina, en Cochabamba; y en el último tiempo, la concejala Cecilia Chacón. El acoso y la violencia política no es exclusiva de los niveles municipales, sino que se presenta con asambleístas departamentales y plurinacionales, como fue con Neira Budelman Gómez, asambleísta de Santa Cruz. La pasada semana se presentó una investigación que revela que 7 de cada 10 asambleístas plurinacionales vivieron alguna situación de acoso o violencia política.

Enfrentar el acoso político requiere de genuina voluntad política, firmeza y valentía en la denuncia, no solamente en los casos que involucran a los adversarios políticos, sino fundamentalmente rechazando los comportamientos agresivos, cuando estos vienen de compañeros de la propia organización política, evitando la tentación de utilizar la problemática con fines partidarios. Solo así, cambiaremos prácticas y valores que toleran el acoso y la violencia política contra las mujeres.