Veizaga dijo el lunes que la Alcaldía tiene que pagar “porque la fe del Estado está comprometida”. Tal afirmación es interpretada por la defensa como una prueba a favor de Leyes, porque no se benefició.

Al respecto, Veizaga dijo ayer: "Los procesos penales se tramitan en el Ministerio Público y el Órgano Judicial y la prueba está en las personas involucradas en los hechos de corrupción y en los documentos que tiene el municipio".

De acuerdo a Veizaga, el presunto daño económico es sólo uno de los aspectos del proceso y existen más delitos que se demostrarán como el uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles.

En tanto, el abogado del Alcalde, Humberto Trigo, afirmó: "Veizaga ha confesado que la Alcaldía no ha pagado ni un solo boliviano por las mochilas. Con esto se cae la mentira del MAS que dice que Leyes se habría beneficiado económicamente, ya que, al no haber pagado las mochilas, no hay daño económico al municipio y tampoco beneficio para el Alcalde".

Para el abogado, si Veizaga pide que se pague al empresario de las mochilas, Juan de Dios Morales, está consintiendo que el proceso de contratación fue legal y que no se favoreció a nadie. Además, recordó que el empresario ya presentó el año pasado una demanda contenciosa en contra de la Alcaldía, pero que fue desestimada.

"Si la Alcaldía procede a pagar, demuestra que el proceso de contratación es lícito, porque no se puede pagar por algo ilícito. En cambio, si no paga, no hay daño económico. Quiere decir que vino un hado madrino y dio las mochilas para el pueblo. En ambos casos se beneficia Leyes", declaró.

Según los abogados, el Alcalde electo recibió gratamente la declaración de Veizaga porque con eso se "demostró que él no se ha beneficiado económicamente con ningún monto".

Según la documentación, el 13 de abril de 2018 se procedió a la resolución de contrato entre la Alcaldía y la Asociación Accidental 26 de Febrero. Sin embargo, para esa fecha la asociación ya había entregado 91.316 de las 91.385 mochilas que figuraban en el contrato.

ASAMBLEÍSTAS ESPERAN INFORME

Los asambleístas Demócratas consideran que se debe esperar a que finalice el proceso penal que se inició en contra del alcalde José María Leyes para determinar cuánto se debe pagar, porque se investiga un presunto sobreprecio.

"Si el Alcalde ha planteado que se suspenda el pago es porque estaba en curso una denuncia. Se debería esperar a que termine el proceso judicial", dijo el asambleísta Freddy Gonzales.

ALCALDÍA NO REGISTRÓ EL INGRESO DE 91 MIL MOCHILAS A LOS ALMACENES DEL MUNICIPIO

REDACCIÓN CENTRAL

La Alcaldía de Cochabamba no tiene "registrado formalmente" el ingreso de las 91 mil mochilas escolares que se distribuyeron el año pasado, declaró ayer el secretario general, Mario Olguín. Por lo que de momento "no es posible realizar el pago de las mochilas".

"No se puede hacer el pago sobre un producto que no ingresó formalmente a almacenes. No tengo el conocimiento de los motivos por los cuales no se registró el ingreso, sólo tengo los informes que corroboran que no ingresó", explicó Olguín.

Sin embargo, pese a no existir el informe de recepción, según la demanda contenciosa que presentó el empresario de las mochilas, Juan de Dios Morales, la Alcaldía recibió 91.316 mochilas en 2018, hasta el 6 de abril, una semana antes de la resolución del contrato.

Por otro lado, el proveedor activó un nuevo mecanismo para el cobro de 12,4 millones de bolivianos por la vía administrativa. Por esta vía le pide al alcalde suplente Iván Tellería que le remita una copia legalizada del comprobante de ingreso a almacenes Nº 21480, del 16 de febrero de 2018, correspondiente al almacén "A", entre otros requerimientos.

Para el concejal Carlos Coca (Demócrata), sin documentos legales de una recepción definitiva y de almacenes municipales, no se puede proceder a pagar la deuda de las mochilas. Para el concejal Edwin Jiménez, sólo un juez puede determinar si se debe pagar o no la deuda que tiene el municipio con el empresario de las mochilas escolares.