Así lo manifestó el ex defensor del Pueblo y ex senador por el departamento de Potosí (MAS), Eduardo Maldonado Iporre, al referirse a la actitud del actual procurador del Estado, cuyas declaraciones vertidas en conferencia de prensa estarían develando contradicciones de fondo sobre los dictámenes emitidos por el Comité Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Por un lado el procurador del Estado Afirma que los dictámenes se han cumplido; pero luego expresa que no son vinculantes para luego añadir que no se procederá a ningún pago indemnizatorio ni resarcimiento”, sostuvo Maldonado Iporre.

El ex senador por el departamento de Potosí, asimismo aclaró, que desde que se emitió el dictamen internacional, en ningún momento fue convocado a reunión alguna para acordar los términos de cumplimiento. “Entonces, el criterio unilateral del Estado en el supuesto entendido de que se hayan cumplido los dictámenes no hacen fe; es más, añade al Estado boliviano en la lista de países renuentes a cumplir con pronunciamientos, fallos dictados y otras resoluciones de esta instancias internacionales de protección de los derechos humanos”, complementó.

Maldonado Iporre, se preguntó: ¿Quiénes son los grandes perdedores con los dictámenes del Comité Internacional de Derechos Humanos?, a lo que respondió que, “en primer lugar el gran perdedor es el ex procurador del Estado Héctor Arce Zaconeta porque él fue quien encaró la supuesta defensa del Estado y quien prosiguió el caso, fue el actual titular de esta repartición Pablo Menacho”.

”Ambos están evidenciando que el Estado boliviano vulnera los derechos humanos en democracia y es renuente a encontrar una solución factible y congruente con el espíritu de los dictámenes definitivos del sistema protectivo universal del Comité Internacional de las Naciones Unidas, porque ya no amerita ninguna otra instancia de apelación”, explicó.

SEGUNDO PLANO

Con relación a un resarcimiento económico, el ex asambleísta nacional afirmó que ello pasa a segundo plano porque prioritariamente lo que interesa es sentar un precedente en la defensa del sistema democrático en honor a generaciones de compatriotas que lucharon por la vigencia de las libertades y garantías ciudadanas como derechos fundamentales.

“El actual procurador del Estado boliviano pretende encubrir a personas y autoridades que en su momento se prestaron para el trabajo sucio desde distintas instancias del Estado para restringir derechos fundamentales, como es el caso de los vocales electorales de Cochabamba y Potosí y de aquellos operadores de justicia que demoraron en contra de lo que prescribe la ley, cuando se acudió la aplicación de la vía heroica del amparo constitucional para hacer respetar derechos consagrados en la Constitución Política del Estado”, aseveró.

Maldonado Iporre, fue inhabilitado para participar como candidato a alcalde municipal de Potosí en las elecciones subnacionales de 2015 por el frente denominado “Poder Popular”, bajo el argumento del Órgano Electoral referido al incumplimiento del requisito de residencia permanente en la Villa Imperial.

Gobierno descarta resarcimiento

El procurador Pablo Menacho descartó que el Estado cumpla con resarcir económicamente a Rebeca Delgado y a Eduardo Maldonado, vulnerados en sus derechos políticos, por no ser de carácter vinculante el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que los favorece.

"Hemos cumplido ese dictamen (en la parte legislativa, pero no económica), que no tiene carácter de sentencia, como sí la tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen un carácter eminentemente recomendatorio, recomiendan al Estado llevar adelante acciones específicas", dijo Menacho.

En diciembre de 2014, el Tribunal Electoral emitió, ante presión del Gobierno, un reglamento inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular. Ello implicó que Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, con sede en La Paz durante el periodo anterior, no pudieran participar.