¿Cómo así algunos legisladores oficialistas se atreven a descalificar esa clase de opiniones sobre un derecho y principio universal, cuando en nuestra patria el régimen se halla comprometido con los imperialismos chino-ruso? ¿Acaso para la instalación de un centro nuclear en El Alto hubo referéndum alguno?

Afirman que la carta a Trump es traición a la patria.

¿Qué es traición? La Real Academia de la Lengua Española dice que: “traición es aquella falta que quebranta la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien o algo”. Traicionar es defraudar la Constitución en provecho particular. Quien corrompe la Constitución y atenta contra las instituciones está rompiendo también las reglas más elementales de la lealtad democrática. Quien lesiona las esperanzas depositadas por los ciudadanos e instrumentaliza las instituciones estatales y la administración de justicia con fines partidistas, incurre en deslealtad a la Constitución. Si algo constituye la razón de ser del texto constitucional es precisamente el hecho de representar refugio y garantía de todas las opciones que la respeten y acaten. Cuando se jura cumplirla y hacerla cumplir, se compromete a no utilizar la Constitución en la lucha diaria de la política, menos aún, como pretexto electoral. Y la razón es tan simple como poderosa: porque es precisamente la Constitución la que impone las condiciones previas y las perspectivas del juego político como tal.

La carta enviada a Donald Trump constituye expresión de la verdad de la realidad nacional para la oposición y para quienes votaron el 21 F, rechazando la modificación de la Constitución y por tanto se oponen a la reelección de Morales y García Linera. La carta quedará sellada como reiterada advertencia y vaticinio ante la escasa atención del régimen a la opinión interna.

El principio de realidad habilita a nuestra sociedad a presentarse ante la comunidad internacional como víctima de una posible nueva fraudulenta elección electoral, tan ilegal como ilegítima, respaldado en el abuso del poder con la aquiescencia y entrega a los dictados del régimen de un Órgano Electoral desprestigiado, sin credibilidad alguna en cuanto a respeto a la Constitución.

La oposición tiene el derecho a elaborar un relato propio de lo que sucede en el ámbito político jurídico del país, más si los antecedentes son de persistente y prolongada humillación, irrespeto y avasallamiento institucional. Resulta obvio lo que pretende: quiere convertir en inevitable o incluso justificada, una respuesta de la civilización humana en el contexto internacional contra acciones de un régimen que no cumple los resultados del 21F.

Lo que caracteriza al pedido, en la carta, es su ostentosa verdad, que de alcanzar hegemonía se instalará en el debate público internacional como hecho incontrovertible y orientará la conducta de obligado cumplimiento democrático para todos los gobernantes del orbe.

El aparato de propaganda del régimen lleva 13 años y mucho dinero convertido en maquinaria de manipulación para intentar desvirtuar la verdad; pero, por su torpe formulación, no pudo evitar que la carta cuaje en la opinión pública internacional.

Como muestra de botón, diputados de oposición denunciaron que la exministra de Comunicación, Gisela López, malversó 12 y más millones de bolivianos firmando contratos con la empresa extranjera mexicana Neurona, nada menos para que coadyuve a la “demanda marítima” posiblemente entregando documentación clasificada y secreta, cuyo resultado para Bolivia fue nefasto en la CIJ de la Haya.

¿Entonces de qué imperialismo e injerencia extranjera se habla cuando el régimen se ampara en un derecho humano ajeno a lo que manda la Constitución Política que sus asambleístas la aprobaron?