Mediante un comunicado a sus asociados, la ANP informó que su Directorio expuso ante las autoridades la situación de vulnerabilidad financiera de los medios impresos, y sugirió que los legisladores y el Ministerio de Justicia estudien alternativas al artículo referido a notificaciones penales (edictos).

"El despacho de Justicia y los jefes de las cámaras legislativas aceptaron el análisis ponderado de las notificaciones judiciales en materia penal", explica el comunicado.

La nota aclaró que esta revisión, en el marco del Proyecto de abreviación procesal penal, no pretende afectar la gratuidad para los litigantes y que la ANP no se opone al espíritu de la nueva legislación. Pero que, en el encuentro, los representantes de medios expresaron su preocupación por la inestabilidad económica de las empresas mediáticas.

Antes de la reunión, Borda explicó que en Diputados se analizará el tema este martes en una sesión. "Si es que la Cámara de Diputados ve pertinente que no son adecuadas sus modificaciones se podría convocar a una Asamblea Legislativa", anunció.

AVISOS GRATUITOS

Durante el encuentro también se consideró la urgencia de rectificar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que obliga a los medios a subvencionar las campañas de los partidos políticos. La agenda de análisis incluyó una revisión de las 12 leyes de avisos gratuitos que son contrarios al espíritu constitucional de una justa retribución por un servicio prestado.

Por su parte, el ministro Canelas explicó que el Gobierno está dispuesto a flexibilizar la obligatoriedad de avisos gratuitos gubernamentales.

"Vamos a hacer una propuesta de flexibilización de modificación de espacio de frecuencia, por decir si te piden en una norma la publicación de una contratapa de un domingo una página entera nosotros vamos a modificar para que sean espacios razonables", aseguró a los medios. 

Esta reunión es la segunda que llevan la ANP y el Ministerio de Comunicación. La primera se llevó a cabo a inicios de marzo, cuando se definió analizar y revisar políticas gubernamentales anteriores que, a juicio de la ANP, afectan a la estabilidad económica de los medios de comunicación del país.