No es cuestión, solamente, de la general indignación que provoca este miembro del Tribunal Constitucional con su largo historial de maltratos a su cónyuge o la expectativa de que, por vez primera, las parlamentarias y la bancada oficialista aparentan tomar en serio una acción concreta frente a la violencia machista ejercida por uno de los suyos. 

Esta vez la cosa va más allá, mucho más allá.

El juicio de responsabilidades contra el vocal del TCP no apunta “al hecho particular que enfrenta en el ámbito penal”, dice la vicepresidenta masista de la Cámara Baja, sino “al incumplimiento de los mandatos de la Constitución Política del Estado (...)  por delitos cometidos en el ejercicio de funciones, vulneración de garantías, derechos fundamentales”.  

Este proceso en particular apunta al atropello de garantías y derechos que comete un vocal contra una ciudadana y no pretende avanzar un milímetro más allá, pero, a pesar de sus intenciones, permite abrir el debate contra el avasallamiento de los derechos y garantías constitucionales del conjunto del pueblo, cometidos por todos los vocales del TCP que anularon de hecho el mandato soberano emitido en el referendo constitucional y cometieron el delito de reformar la Constitución, pese al macabro chiste del MAS que insiste en que “la Constitución no se ha modificado”. 

Los delitos y usurpación cometidos por esos vocales han sido reiterados por los actuales miembros del TCP, comenzando con Ceballos y el presidente de esa instancia, que defienden como “irrevocable” la decisión de sus predecesores. Se entiende porque los colegas del enjuiciado declaran que no pueden “pedirle que renuncie”, o algo más fácil todavía, porque, simplemente, se niegan a compartir con él cualquier espacio en el que tengan que decidir sobre la constitucionalidad de leyes o acciones de autoridades.

El contenido de la demanda de la vicepresidenta de los asambleístas concuerda perfectamente, además, con el reproche del presidente de esa instancia, quien reprueba a los “parlamentarios que juraron cumplir la Constitución y hoy la violan”, al referirse a sus colegas que escribieron al Presidente estadounidense -encubridor del asesinato del periodista Kashogi, impulsor de múltiples genocidios y vicioso infractor de leyes propias e internacionales- “para que interceda e intervenga” en favor de la decisión democrática adoptada por nuestro pueblo.

Tanto empeño y tanto fervor de miembros del oficialismo contra los que atropellan la Constitución debe ser el punto de arranque de una nueva y masiva oleada protestas contra el constante desconocimiento que cometen los cuatro órganos dominados por ellos, en todos los planos, incluyendo la habilitación de su binomio para las elecciones nacionales de octubre.

Más claramente aún, los candidatos opositores necesitan convencer a sus potenciales electores que están realmente convencidos de que el voto popular y la Constitución deben respetarse como cuestión de principio, exigiendo la destitución de los miembros del TCP y, desde luego, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que mendiga a cada paso la aprobación del Ejecutivo y cumple sin rechistar sus mandatos e instrucciones.

No habrá elecciones libres y creíbles al mando de un TSE incapacitado inclusive para presidir comicios de un club barrial deportivo. El escándalo que arma la bancada oficialista contra los infractores de la Constitución da pie para exigir que las infracciones de este TSE conduzcan a la renuncia de sus miembros y a su reemplazo por vocales no domesticados y sometidos. 

Y eso conduce a impugnar al TCP que avasalló al soberano y que mañana podría arrogarse la potestad de anular una elección si sus resultados no satisfacen a sus amos.

Por tantos motivos no hay otra que respaldar el juicio contra el vocal del TCP. Sin escapatoria, sin duda y, sin falta también, de desencadenar todas las consecuencias lógicas y legales de tal acción.