La producción audiovisual,  que elaboró la firma mexicana Neurona,  se basa en la investigación que realizó  la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas. En esa instancia,  el Movimiento Al Socialismo (MAS) tuvo amplia mayoría.

   La comisión determinó que la enajenación de empresas estatales se dio en siete mandatos presidenciales   y que causó un daño de 21.000 millones de dólares.

 Esa instancia    concluyó, además,  que 55 personas formaron parte de una  supuesta  “red de enajenación”. 

Las conclusiones de esa investigación son plasmadas  en el documental y apuntaladas con declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera;  del ministro de Defensa, Javier Zavaleta; y  del exministro de Minería, José Pimentel. En la cinta también son entrevistados   miembros de la comisión, los legisladores del MAS Romina Pérez y  Rubén Medinaceli.  

  En el documental, que dura una hora,  también se ven declaraciones de exdirigentes como Hugo Pereira, del sector minero; Jorge Meneses, Javier Antezana y  Miguel Venegas,  de la estatal YPFB; y   de  José Gutiérrez, Susana Gumucio y Lionel Villarroel, del   LAB.     

De igual forma, en el filme  se observan declaraciones  del sociólogo Iván Castellón, de la investigadora social Paloma Gutiérrez, del  fotoperiodista José Luis Quintana, del abogado David Alarcón, del economista Francisco Ardaya y del vocero de la Coordinadora del Agua,  Óscar Olivera.

Sin embargo, en el documental no se vislumbran    contrapartes de  los presuntos responsables,   como de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada,   Jorge Tuto Quiroga  ni del líder de Unidad Nacional Samuel Doria Medina, a quienes se hace referencia   entre las  más de 50  personas  que se menciona  o  se muestra su imagen  en la cinta.

   “Buscar a Sánchez de Lozada es complejo. Lo que presentamos en el documental son personas que vienen presentadas en esta investigación;  nuestra idea era que fuera didáctico y no de confrontación”, dijo César Andrade, director del documental, cuando se le consultó al respecto. 

En diciembre de 2016,   el Gobierno presentó el documental El Cartel de la Mentira, dirigido por Andrés Sal.lari.  En esa producción se pudo  observar  contrapartes.

       El senador Arturo Murillo,  de Unidad Demócrata, quien conformó una comisión paralela sobre  la capitalización, dijo que “el MAS  no tiene límites en despilfarro de recursos   para  política y campaña”.

El filme El robo costó 783 mil bolivianos, los cuales  fueron erogados por  el Ministerio de Comunicación,  mediante una adjudicación directa.  El contrato para la producción  fue firmado el 12 de junio de 2018, durante la gestión de la exministra Gisela López.

Con ese antecedente, Murillo sostuvo que la cinta “es un gran montaje, con  una sarta de mentiras”.   A ello se debe agregar -dijo el senador- que la comisión oficialista “no encontró culpables de nada y la prueba es que no hay ningún acusado, pues la comisión  no envió a nadie a la Fiscalía;   gastó en supuesta investigación más de 10 millones de bolivianos”. En ese marco, Murillo indicó que “algún rato tendrán que rendir cuentas del terrible daño económico”.

Ayer, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, sobre los contratos con   Neurona, afirmó:  “Está en investigación de la Contraloría, dejemos que termine”.