En primer lugar, está la participación equitativa de las mujeres, porque de ella depende la democratización del poder en el Estado, en las organizaciones, en las instituciones y en la casa. En las instituciones del Estado se deben plantear paridad en los niveles ejecutivos del Gobierno, de las gobernaciones y de los gobiernos municipales, porque en los legislativos ya tenemos. A nivel social se debe aplicar la paridad en las dirigencias de las organizaciones sociales y en la casa se deben democratizar las decisiones y el trabajo doméstico y de cuidado.

Al mismo tiempo se plantea que el sistema educativo sea democrático, sin discriminación y liberador, donde la despatriarcalización y la descolonización sean las bases del sistema. La estrategia es conseguir un cambio de pensamiento radical, que pasa por un cambio educativo y una verdadera descolonización del saber y del ser.

A nivel cultural es necesario visibilizar todo el aporte de las mujeres a la historia, a las luchas de transformación, al arte y al conocimiento en general.

Otro aspecto que reproduce el sistema opresor contra las mujeres es la comunicación a través de los medios, que es sexista, misógino y discriminatorio. Por ello se plantea una política pública comunicacional no sexista, no estereotipada y no discriminatoria, que reconozca, además, el protagonismo político e histórico de las mujeres y no la muestre solo como población vulnerable y las victimice.

La sociedad se caracteriza por tener un sistema simbólico estructurado, cuyo núcleo considera la supremacía masculina.

La violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos más drásticos para mantener su sometimiento, el control de sus cuerpos y de su sexualidad. Es urgente enfrentar el problema de la violencia de las mujeres porque el resultado más cruel es el feminicidio, que es la muerte de muchas mujeres a manos de sus compañeros.

De igual forma, la violencia causa en las mujeres daños psicológicos difíciles de superar, por ello es necesario desarrollar programas de atención para superar esos daños. En esta línea se debe cambiar el sistema judicial para que asegure a las mujeres un acceso ágil, oportuno y gratuito, que proteja efectivamente sus derechos, que juzgue y sancione el feminicidio y que se elimine la impunidad. Asimismo, se deben asignar recursos humanos y financieros suficientes para la inmediata atención de mujeres víctimas de violencia.

De la misma forma, se debe contar con servicios de calidad, con capacitación y/o formación especializada a operadoras y operadores de la Ley 348 y de la Ley 243 de Acoso y Violencia Política, desde un enfoque de derechos y no violencia hacia las mujeres.

Otro asunto de vital importancia es cuando hay separación de las parejas, un daño económico que afecta a las mujeres y a los y las niñas es el abandono y el no pago de las pensiones familiares por parte de los padres, por ello proponemos que las pensiones sean asignadas por el Estado y el hombre se convierta en deudor del Estado. De esta forma, se evitará que las familias queden en total indefensión.