Hace un mes, el magistrado fue denunciado por su esposa, quien acudió a la Policía con signos de haber sufrido violencia física, revelando en su declaración que no era la primera vez que ocurría algo semejante. El certificado forense estableció siete días de impedimento para la víctima por los hematomas que presentaba. A pesar de que unos días después la esposa desistió de la denuncia (cosa que siempre ocurre frente a la presión familiar), la Fiscalía continúa la investigación del delito frente a los indicios de reincidencia y el juez de instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Gary Bracamonte, declaró infundada la solicitud de extinción de la acción penal y resolvió que se debe continuar con la investigación.

¿Por qué es tan importante que Ceballos renuncie? En un país como Bolivia, donde cada 15 minutos se denuncia un hecho de violencia por razones de género (el delito más frecuente según el Ministerio de Gobierno) y mueren más de 100 mujeres cada año por feminicidio, la peor señal que puede darnos el sistema de justicia es la impunidad. Si Ceballos continúa ejerciendo como magistrado, asumimos que, como él sostiene, la violencia es un “problema circunstancial” y, por tanto, la política estatal de protección a las mujeres es tan solo un discurso demagógico. ¿Qué podemos esperar de un sistema de justicia si su máxima autoridad es quien da el ejemplo de su vulneración? Ahorremos los recursos de campañas de prevención de la violencia, guardemos en un cajón nuestra avanzada Ley 348, sospechemos del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en la Constitución. Lo que importa como lección pedagógica es que alguien que golpea a su esposa puede salirse con la suya. Esto podría echar por tierra todos nuestros avances en la desnaturalización de la violencia.

Por ello, considero un hecho histórico de lucha contra la impunidad el juicio de responsabilidades interpuesto por la diputada Susana Rivero ante la Cámara de Diputados. Este juicio, sin interferir con el proceso penal por violencia intrafamiliar, busca la destitución del magistrado por incumplimiento de deberes, vulneración de garantías y violación de derechos fundamentales y convencionales. El resultado de este juicio será un importante precedente para que todas las autoridades asuman su responsabilidad de ser los garantes del respeto, la protección y la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, instituye como principio el artículo 114 de la Constitución Política del Estado, que indica que los servidores públicos o las autoridades que apliquen, instiguen o consientan cualquier forma de violencia física o moral serán destituidos de su cargo.

Y es que justamente las autoridades se constituyen en modelos que establecen lo aceptable en una comunidad, sus acciones modelan las normas sociales. Por ello, sus chistes no son graciosos, y sus actitudes son duramente juzgadas por la ciudadanía. Como sostiene la diputada Rivero: “¿Cómo podrían las mujeres bolivianas acceder a la justicia, si es el propio garante el que incumple las garantías, los derechos, los principios de su función y los compromisos en materia de derechos humanos?”. Si el Sr. Ceballos, haciendo uso de su influencia con algunas autoridades logra permanecer en su puesto, lo hará como un fantoche, puesto que no tendrá autoridad ni legitimidad para ejercer ningún acto de justicia.