Más allá de la creencia individual, en casi todo el mundo hoy se rememora la resurrección de Jesús, el Mesías que, de acuerdo a los católicos, nos liberó de la esclavitud del pecado.

Esta Semana Santa ha coincidido con el suicidio del exmandatario peruano Alan García, antes de su inminente arresto por orden de un fiscal que investiga los casos de corrupción de la empresa brasilera Oderbrecht, proceso que ya ha significado el encarcelamiento de los expresidentes de ese país Pedro Kuczynski (quien ha sufrido un profundo deterioro de su salud), Ollanta Humala y su esposa, así como la situación de fuga de Alejandro Toledo.

Es innegable que un deber del Estado y la sociedad es combatir la corrupción e impedir que la impunidad reine, pero también es importante velar por el debido proceso, la presunción de inocencia y evitar que con el legítimo propósito de aplicar la justicia se aproveche esta lucha para dar curso a intereses de orden sectario, ansias de figuración y, paradojas de la vida, enriquecimiento fácil.

En Bolivia hemos visto, luego de sucesivos aunque evidentemente insuficientes intentos a partir de 1982 de construir un sistema judicial más independiente y profesionalizado, cómo, en los últimos 12 años, el Ministerio Público ha vuelto a ser convertido en un aparato de represión política del Gobierno en funciones, tráfico de influencias y ha dado espacio a la conformación de peligrosos “consorcios” de exacción vinculados a importantes autoridades de Gobierno, como han denunciado fiscales caídos en desgracia. Obviamente, eso no es combatir a la corrupción. Además, la sumisión del Ministerio Público y del Órgano Judicial Plurinacional en general a los dictámenes del Órgano Ejecutivo y del partido de Gobierno ha conducido al sistema judicial boliviano a la peor crisis de su historia.

Al parecer, este problema no sólo es de Bolivia. Más bien responde, por un lado, a una corriente nacida en los años 90 del siglo pasado que se expandió por toda la región y que puso en manos del Ministerio Público y de los fiscales un inmenso poder. Por el otro, responde  a la existencia de un profundo resentimiento en la ciudadanía ante el reino de la impunidad, por lo que toda acción inquisitoria, por más ilegal que sea, es bienvenida… mientras no toque sus particulares intereses.

En un somero recuento en la región, recuerdo dos suicidios que marcaron hito. Uno, de Eduardo Chivás, importante dirigente cubano demócrata que ante el fracaso de su acción política en contra de la dictadura reinante en Cuba, decidió matarse en un programa de radio luego de dar un apasionado discurso en favor de las libertades y el sistema democrático. La acción provocó un remezón en la sociedad cubana y fermentó movilizaciones antidictatoriales que, otra paradoja de la vida, culminaron  con la ascensión al poder de Fidel Castro.

El segundo, el del presidente chileno Salvador Allende, cuando los militares golpistas comenzaron a tomar el Palacio de la Moneda. Antes de entregarse o ser detenido por aquéllos, Allende se disparó convirtiéndose en el símbolo de la defensa de la democracia en su país, cuya historia contemporánea hubiera sido diferente si el presidente Allende no tomaba esa radical decisión.

El miércoles se suicidó Alan García, radical decisión que puede transformarse en hito si se logra abrir el camino para convertir a la administración de justicia en un espacio de respeto al ser humano, en el que la independencia de sus operadores para aplicar la ley sea respetada y valorada.

En el caso concreto de los juicios a exmandatarios constitucionales, habrá que ver si la justicia combate la corrupción otorgando el debido respeto a personas que la ciudadanía decidió elegir como sus presidentes. Esto exige que quienes gobiernan los países comprendan que su historia no comienza con ellos y que quienes los precedieron democráticamente elegidos merecen consideración.

Un objetivo de esa naturaleza sólo podrá alcanzarse en un sistema democrático, con reglas claras de funcionamiento y que cuente con un sistema judicial idóneo capaz de combatir eficazmente la corrupción, sin dañar nuestra estima ciudadana.

Sólo así una decisión como la adoptada por Alan García podrá tener frutos…