Uno, restitución de los territorios ancestrales de acuerdo con los documentos históricos de los pueblos indígenas, rechazo a la fragmentación y avasallamiento de la propiedad privada individual y ejercicio pleno del derecho a la reconstitución de las territorialidades ancestrales. 

Recordemos que la motivación nuclear de la marcha es el conflicto de tierras en los ayllus de la Marka Quila Quila, en Chuquisaca, que exigen que la titulación de tierras sea de manera colectiva y no individual.

Dos, modificación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (artículo 10, inciso II) y cumplimiento pleno del artículo 179 de la Constitución que, en el numeral II, instituye fehacientemente que “La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía”.

Tres, modificación de la Ley Marco de Autonomías (artículo 54, inciso III), rechazo del doble referéndum para el acceso a las autonomías indígenas originarias campesinas y agilización de los pasos para lograr la autonomía indígena a través de las normas y procedimientos propios.

 No obstante, el Gobierno boliviano se niega sistemáticamente a cumplir las leyes que garantizan el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. Así, aun cuando, a los 13 días de la marcha, el Gobierno los escuchó y convinieron una reunión en la ciudad de Oruro, el presidente Evo Morales les dijo patentemente: “ustedes son minorías (como ayllus) y tienen que someterse a las mayorías (sindicatos)”. 

El Ministro César Cocarico también deslegitimó –racista y segregacionista– la marcha indígena y la calificó –como ya es sabido– de “política” y más aún “caprichosa” (cfr. “ministro Cocarico deslegitima marcha de los qhara qharas”, Página Siete, 26 febrero 2019). 

No hay necesidad de refutar las majaderías del ministro, pero sí reiterar que la nación qhara qhara está exigiendo una cuestión primordial: el cumplimiento de la Constitución y la práctica efectiva de los derechos colectivos.

Y “el cherry sobre la torta” lo puso el ministro Carlos Romero, quien calificó de ilegítimas las demandas de la nación qhara qhara y afirmó que la marcha es “pagada e hipotecada” por las ONG. Por ello mismo, minimizó la participación de los comunarios en  la marcha (“es una marcha muy pequeña”), señaló que la movilización llegó a tener “sólo 22 participantes” y criticó acerbamente que se basen en documentos coloniales y “feudales” para reclamar sus territorios.

Si bien estas acusaciones son fácilmente refutables, basta con ver los reportes de prensa, lo que en verdad preocupa es el talante racista, autoritario y colonialista de tales burócratas, que actúan como continuadores de los atrabiliarios segregacionistas y genocidas del siglo XVI: Ginés de Sepúlveda y compañía. 

Además de la crasa ignorancia  en relación con el valor no sólo documental, sino también histórico-cultural de los documentos y las revisitas del siglo XVII.

A propósito de los documentos y la memoria político-territorial ancestral, queremos referir –para terminar– una brillante intervención de la maestra Silvia Rivera Cusicanqui en el Programa Jaque Mate. 

Ella narra que la marcha indígena “tiene una larga historia y particularmente los ayllus de la Marka Quila Quila tienen una larga historia de lucha por mantener su integridad territorial, que ha sido amenazado, desde la colonia. Y, habiendo sobrevivido al proceso de usurpación colonial de tierras, se mantuvo como marka durante todo el periodo republicano. 

Pero, un golpe muy duro ocurrió con la ley del 5 de octubre de 1874, la ley de Exvinculación, dictada por Tomás Frías, que obligó precisamente a la parcelación individual de la tierra (…).Y me parece tan increíble y tan paradójico que este gobierno (del MAS) haya logrado lo que no logró el gobierno de la oligarquía, que es justamente parcelar las comunidades y no es la única comunidad amenazada(…). 

“El primer antecedente de estas agresiones es netamente oligárquico y colonial, y pese a eso han resistido estas comunidades durante todo ese periodo. Y en 1952 hay una segunda reforma agraria, que es la que intenta nuevamente parcelar las comunidades, reiteradamente la resistencia se traduce en lo que es la titulación proindiviso, que es el antecedente de las llamadas TCO (…)”. 

Entonces, es una agresión típicamente colonial la que está llevando a cabo el INRA, siguiendo las huellas de la ley de exvinculación y de un antecedente anterior que fueron los decretos de Melgarejo (de 1866).

“Ahora, frente a eso ha habido una larguísima lucha que desembocó en la rebelión general de 1899, durante la guerra civil que hubo entre conservadores y liberales, que terminó con el ascenso de los liberales, quienes siguieron –pese a las promesas que hicieron a Zárate Willka y a todos los líderes– con esa intención de destruir las comunidades y parcelar la tierra. 

“Lo que ahora se ve, entonces, en esta nueva arremetida contra los ayllus y las comunidades, es que la raíz está en una visión colonial que (los burócratas del gobierno masista) tienen sobre las comunidades, a pesar de que en toda su lucha ellas han manifestado la necesidad de mantener íntegros sus territorios y siguen teniendo los antiguos títulos de Composición y venta con la Corona de España, que es lo que les ha habilitado a presentar sus documentos para ser considerados Tierras Comunitarias de Origen” (Canal 13 TVU, 27 de febrero).