Los mentores del Estado Plurinacional, alegaban que las “mayorías” del país eran los “pueblos indígenas y originarios”, que según el censo de población y vivienda de 2001, eran el 62% de la población del país. Y no era aceptable que esa mayoría fuese gobernada por la minoría, descalificada además de “colonizadora” y, por tanto, esa mayoría “real” debía constituirse en la base sociológica y orgánica del “nuevo” Estado.

Según Jorge Lazarte (reforma del experimento constitucional en Bolivia, Ed. Plural, 2015) este argumento “democrático” es inconsistente y no es compatible con el Estado de Derecho. La Constitución no puede establecerse en términos de mayoría y minorías, por cuanto tiene que definir un orden político para un país y desde el país, y no desde una parcialidad política y para esta parcialidad, aunque fuese mayoritaria.

En cualquier caso, el argumento de que lo “plurinacional” representa a la “mayoría” fue desplomado por los datos del Censo de 2012 y ha hecho más flagrante su inconsistencia con la democracia. Según estos datos poblacionales, las “naciones y pueblos indígenas” han dejado de ser la mayoría en el país. La autoidentificación indígena ha descendido bruscamente del 62% al 41%, mientras que los que no se autoidentifican con ninguno de los “pueblos indígenas” que figuran en la Constitución, ahora son el 59%, y que los aimaras y quechuas juntos no llegan al 36%, cuando antes eran el 55%.

Con estos resultados, el autor concluye que la mayoría de ayer es ahora minoría, y la minoría, mayoría. Esto quiere decir que se habría venido abajo todo el cimiento sociológico del Estado “plurinacional”, y su justificación histórica. Y entonces ¿sigue siendo pertinente calificar al Estado “Plurinacional”? ¿La nueva realidad democrática no obligaría más bien a revisar la matriz de la Constitución “plurinacional” y corregir sus graves  disfuncionalidades, producto de sus defectos de construcción? o por lo menos redefinir lo que debe entenderse por “plurinacional” y emplazarlo allí donde correspondería estar, sin afectar los derechos históricos de los pueblos indígenas ni confundirlos con proyectos de poder.

También se usó y se sigue usando como otro argumento democrático fuerte, que lo “plurinacional”, quiere decir “inclusión social”, no solo de los que siempre habían sido excluidos, sino de todos los “bolivianos”. El texto constitucional define a la “nación” como toda “colectividad humana” con existencia “anterior” a la “invasión colonial. Por tanto, “nación” quiere decir “nación originaria indígena campesina”, de modo que las expresiones “naciones” o “nación” no incluyen a los “bolivianos”, cuyas “raíces” no son precoloniales. Estos bolivianos no pertenecientes a ninguna “nación indígena-originaria” no serían en realidad parte del “Estado Plurinacional”.

Lo que se denomina “naciones” son, en efecto, “etnias”, como los araona, los chimanes, mojeños, yukis, yuracaré, etc. y, por tanto, es lo “comunitario, que ratifica el juicio de que se trata de una visión no moderna de la base social de las instituciones. En lugar de la anterior Constitución que partía de la noción de derechos de las personas, la primacía ahora está marcada por una orientación “holista”, muy propia de sociedades que priorizan “el todo-colectivo” por encima de sus miembros componentes.

Esta visión holística de sociedad ─en la que el “todo” subsume a las “partes”, la “comunidad” a sus “miembros”─ choca con el Estado de Derecho, la normativa jurídica y las declaraciones internacionales que protegen los derechos de las personas. Jorge Lazarte, concluye que esta idea de “nación” es colonial y occidental, y nada tiene que ver con las culturas “ancestrales”; que son premoderna y hasta bíblica, pues “nación” era lo mismo que “pueblo”, “etnia”, “tribu”, con formas de organización políticas propias de su tiempo.  La inclusión constitucional de unos, ha supuesto en realidad la exclusión de otros.