Medio: Jornada
Fecha de la publicación: miércoles 08 de noviembre de 2017
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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El derecho a votar nulo
El próximo 3 de diciembre los bolivianos volveremos a acudir a las urnas, para elegir por segunda vez, a los más altos magistrados del Órgano Judicial. Pese al fracaso del experimento, el Gobierno propició esta nueva oportunidad en un ambiente de escepticismo ciudadano y de denuncias de otra manipulación que permitirá al poder político controlar el sistema judicial. Frente a esta realidad existe la opción de votar nulo o blanco que es alentada por la oposición, mientras que el oficialismo busca simplemente que se realicen las elecciones por que ganen o pierdan sus candidatos, igual se los posesionará y manejarán el sistema junto al gobierno. La pérdida de independencia es un hecho consumado.
La opción para votar nulo o blanco ha sido criticada por el gobierno, pese a constituir un derecho ciudadano. Recordemos que en las anteriores elecciones judiciales el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia había advertido que se procesará penalmente a quienes promuevan el voto nulo. Esa posición, compartida por las esferas de gobierno encontró una interpretación diferente por parte del entonces Presidente de la Cámara de Diputados, quien además es alto dirigente del MAS, Héctor Arce quién sostuvo que "no es un delito propiciar el voto nulo, o votar nulo... es un derecho democrático... aunque una acción antipatriótica".
Ahora el vocal electoral nacional Antonio Costa explicó que se reconocen tres tipos de votos: válidos, blancos y nulos. "Los ciudadanos tienen el absoluto derecho de emitir el que consideren conveniente", afirmó durante una entrevista televisiva. Además, señaló que "puede ser mayoritario el número de votos blancos y nulos al de válido, igual se va a elegir". Recordemos que la mayoría del oficialismo aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional la lista de las 96 personas habilitadas como candidatos a ocupar un cargo judicial.
En toda democracia el voto nulo y el voto blanco son un derecho y una opción válida, al igual que el voto por cualquiera de las candidaturas. La inclinación y decisión de apoyar cualquiera de estas opciones es una manifestación legítima de la voluntad del ciudadano, que así ejerce su derecho democrático al sufragio, y su decisión debe ser respetada. No se debe olvidar que el resultado de las urnas al mismo tiempo que refleja la voluntad popular, envía una serie de señales a los mecanismos políticos, a los administradores de los comicios, y a la opinión pública en general haciendo conocer su sentimiento, muchas veces no expresado directamente. Ese sentimiento, puede ser de repudio a lo hecho y a la forma como se actúa.
La experiencia boliviana nos ha dejado innumerables constancias, no solamente en el pasado lejano, sino en el inmediato de las últimas elecciones organizadas por el actual gobierno: siempre se han contabilizado los votos blancos y nulos porque forman parte de los resultados electorales. En este marco de respeto a los derechos y las normas constitucionales, el pueblo, mediante el voto, no solamente elegirá, sino que puede expresar su opinión sobre la forma como se ha procedido a seleccionar a los candidatos.
Recordemos que en las etapas previas se han efectuado muchas observaciones fundamentadas, y el ciudadano no tiene opciones, y solamente irá a las urnas para votar sobre listas aprobadas por el MAS. Felizmente, aunque la gente del oficialismo ha renunciado a ejercer su propio derecho a discrepar, la mayoría del pueblo va a defender su prerrogativa de disentir, pensar y actuar de manera diferente mientras no afecte el derecho de los demás y las normas en vigencia.
De esta manera, los ciudadanos deben cumplir el deber de acudir a las urnas y votar. Pero tienen el derecho de decidir cómo votar, y pueden hacerlo por algunas de las opciones presentadas por el oficialismo, o votar en blanco o nulo. Esas tres opciones son legítimas. El ciudadano debe utilizar su libertad para defender su derecho a decidir, sin que por esto sea objeto de amedrentamiento, de amenazas y coacciones. Los ciudadanos tienen además, el derecho a pronunciarse públicamente por cualquiera de las tres opciones.