“Entre enero y diciembre de 2018 hemos recibido 117 casos de los que muy pocos fueron resueltos. Lamentablemente son los que están en la vía penal los que no avanzan. En busca de los cuellos de botella hemos hecho una investigación  y hemos identificado que una de las grandes trabas  es que los operadores de justicia no están capacitados”, explicó la directora ejecutiva de Acobol, Bernarda Sarué Pereira.

Los datos proporcionados por esta instancia evidencian que el 50% de las víctimas de acoso y violencia política   son autoridades municipales del  departamento de La Paz, mientras que la causa más común es la gestión compartida o “pacto de rotación”. Otro de las móviles  recurrentes para las agresiones que sufren alcaldesas y concejalas es su labor de   fiscalización.  

117 casos marcan el récord

En 2016, la base de datos de Acobol registró un total de 65 casos de acoso y violencia política. Con una tendencia a bajar, aunque mínimamente, en 2017 hubo  64 reportes. Sin embargo, en 2018 el número de  denuncias casi se duplicó, llegando a  117.

La publicación Seguimiento a casos de Acoso y Violencia Política, Gestión 2018 de Acobol presenta un recuento de la cantidad de denuncias reportadas por cada departamento.  La Paz encabeza la lista con 58, en segundo lugar está Potosí con 15 registros  y le sigue Santa Cruz con 12.

Mientras que tanto en  Chuquisaca como en  Beni hubo siete casos; en  Oruro y Pando se reportaron seis y tres, respectivamente. En  Tarija no se denunció ni un   caso de violencia o acoso a alcaldesas o concejalas el año pasado. 

Entre las causas identificadas por el estudio,  la  gestión compartida es el detonante en  el 44% de los casos. El segundo motivo más frecuente es la fiscalización de las autoridades femeninas.

La discriminación es la causa en el 9% de las denuncias, mientras que la retención y el descuento de salarios lo es del 8%. El acoso sexual fue denunciado como móvil en  2% (ver la infografía).

 “Hemos resuelto algunos de estos casos que están en la vía administrativa porque es donde podemos incidir. Aun así, muchos quedan impunes porque las denuncias son al interior de los concejos ediles y en sus comisiones de ética  están los denunciados”, sostuvo Sarué.  

El cuello de botella

Pese a la vigencia de la Ley 243 y su  reglamentación -que establece un procedimiento  para la prevención y atención inmediata de los casos- las denuncias se estancan en un cuello de botella judicial. La falta de capacitación de operadores de justicia y de las denunciantes son algunas de las falencias que identificó Acobol.

“Hay  voluntad y apoyo de varias instancias del Gobierno. El tema está en cómo funciona la justicia en nuestro país.  Muchos de los operadores no saben cómo actuar cuando llega una denuncia, la derivan a casos generales donde se  pierden. A veces todo se obstaculiza en la vía penal y tarda  años”, manifestó Sarué.

Otro de los problemas  es que por la misma falta de capacitación, muchas concejalas  no saben qué procedimientos seguir  para   lograr una  pronta atención a sus denuncias. Ante esta situación, Acobol presentó  la publicación  de un  manual  para actuar ante estos casos.

Otra de las preocupaciones es que el mecanismo de protección en denuncias de gravedad, de riesgo, amenazas de muerte y asesinatos no está siendo activado. “Está vigente  pero el problema es que no es activado cuando los casos  llegan a la justicia”, lamentó Sarué.

Asesinato de Juana Quispe, impune

• Asfixiada. Así murió Juana Quispe, concejala electa del municipio de Ancoraimes,  el 12 de marzo de 2012. Su cuerpo con signos de violencia fue encontrado  a orillas del río Orkojahuira de La Paz.
• El entonces alcalde Félix Huanca (MAS) y los concejales Pastor Cutili, Basilia Ramos y Exalta Arismendi, quienes por 20 meses encabezaron una persecución   en su contra, fueron los principales imputados.  Después de   siete años de la muerte de Juana,  están  en libertad.    
• La directora ejecutiva de Acobol, Bernarda Sarué,  manifestó que esta organización no descansará hasta conseguir justicia. Analizan -dijo- nuevas medidas para evitar que el proceso prescriba.
• “Ella fue asesinada y los autores están impunes. Como Acobol, junto con  otras instituciones, seguimos este juicio para que el caso no prescriba porque en Bolivia esto es común y no lo vamos a permitir. Vamos a seguir hasta que consigamos  justicia”, sostuvo.