La policía rivalizó con el ejército desde 1952 y, al parecer, la lucha continúa, salvo que la ola de denuncias sobre casos de narcotráfico que se da ahora obedezca a otras razones, de las intimidades del gobierno.

Siglo 21 recuerda que en México el ejército tomó la ciudad de Acapulco el año pasado y detuvo a todos los policías, para mandarlos a la cárcel, por nexos con el narcotráfico.

Lo mismo hizo el ejército mexicano con los policías de Cuernavaca y con los de otras ciudades de ese país. Y ahora llega un presidente de nombre muy largo y decide crear la Guardia Nacional para que reemplace a la policía en la ya disminuida lucha contra el narcotráfico.

Aquí no es el ejército el que ataca a la policía pero una maquinaria de difusión intensa está dejando con la boca abierta a todos los bolivianos que no apoyan o son cómplices del narcotráfico.

De pronto, como si alguien hubiera activado el ventilador, surge un ventarrón de noticias sobre policías vinculados con el narcotráfico, desde generales hasta sargentos. El promedio de droga de cada operativo supera los 100 kilos.

Si esta es una campaña para lavar la cara del presidente cocalero, nadie lo ha dicho todavía. Tampoco se descarta que este fuego, de un solo lado, sea de la guerra interna que se da en el gobierno, con un ministro muy perjudicado.

Y Siglo 21 sospecha que quizá todo esto vaya a desembocar en que la policía sea engullida por las Fuerzas Armadas y convertida en otra de sus armas, como recomendaba el finado Hugo Chávez. Él decía que no se puede tolerar que la policía se atreva a rivalizar con el ejército en este país del ALBA, alianza también finada.

Todo esto cuando Bolivia ha sido cercada por Argentina, Brasil y Chile, que han hecho de sus fronteras un muro para impedir el ingreso de la droga, la exportación estrella desde 2006.

El ejército, entretanto, mira para otro lado, como si no le importara todo esto. Se dedica a quemar unos cuantos camiones de contrabando de importación en la frontera con Chile, aunque nada dice sobre los flujos de exportación.

Dos instituciones, de esas que se llaman “tutelares”, están amenazadas por la industria más pujante de Bolivia. Y qué decir de las otras instituciones, ya finadas.