“No tenemos ningún conocimiento, no nos hicieron conocer por ningún lado esa respuesta a la que se refiere el Procurador, porque lo que corresponde es que nos hagan conocer, ya que no sólo se trata de Delgado y Maldonado, sino del Estado boliviano porque el dictamen no fue para Arce o Menacho”, afirmó Delgado en contacto con EL DIARIO.

La obligación del Estado Plurinacional es hacer conocer a todos los bolivianos y también al contexto internacional –dijo– asimismo consideró que la respuesta del procurador general del Estado, Pablo Menacho, a la consulta de la prensa, sobre su caso y al del exsenador Maldonado, es para evadir el tema.

“El año pasado nos aproximamos para saber nuestra situación, no nos dieron razón, no se comunicaron con nosotros, por lo que ahora queremos saber en qué consiste ese cumplimiento del cual habla el Procurador; queremos saber de qué forma se ha cumplido”, indicó Delgado.

Para la exdiputada, esta forma de trato que les da la Procuraduría es una vez más la vulneración de sus derechos, porque los están tratando como objetos y no como sujetos de derecho, por lo tanto la vulneración de derechos humanos, continúa, puntualizó.

Por su parte, el exsenador Eduardo Maldonado revalidó la versión de la exdiputada Delgado, en sentido de que ninguna instancia del Gobierno o Estado los convocó o comunicó sobre el dictamen que emitió el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU.

“El Procurado miente al país y a la comunidad internacional, en ningún momento se ha dado reunión alguna con nosotros, y menos nos han convocado para tratar los términos de cumplimento a los dictámenes del Comité Internacional, se equivoca deliberadamente”, explicó Maldonado.

Agregó que la Procuraduría del Estado primero con el doctor Héctor Arce y luego con Pablo Menacho asumieron conocimiento de ambos casos, denuncias de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado al Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU, y se sometieron a su jurisdicción por eso cumplieron plazos y procedimientos, apuntó.

Maldonado cuestiona la “dualidad y la actitud hipócrita” de la entidad que se supone que es la Procuraduría General del Estado (PGE), quien debe defender los derechos de los bolivianos, quienes son parte del Estado; recordó cómo procedió de manera “diligente y oficiosa” en el caso Quiborax, que le generó daños al país, pero sobre los derechos cívicos y políticos de los bolivianos tienen una actitud complaciente al poder político.

DICTAMEN NO ES VINCULANTE

El procurador general del Estado (PGE), Pablo Menacho, informó que se cumplió dicho dictamen en la parte legislativa pero no en al económica, no obstante aclaró que no tiene carácter de sentencia y que el mismo no es vinculante como insisten los exparlamentarios Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado.

“Hemos cumplido ese dictamen, que no tiene carácter de sentencia, como la tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas son eminentemente recomendatorio al Estado de llevar adelante acciones específicas”, indicó Menacho.

En las elecciones subnacionales de 2015, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) extendió una circular con relación a las candidaturas para los órganos ejecutivos y legislativos, donde estableció que los candidatos tenían que haber residido los dos años previos a la elección en el lugar donde pretendían postular.

Esto implicó que muchos candidatos que habían sido legisladores, no puedan postular a dichos cargos, lo que provocó que los exdiputados Rebeca Delgado y el senador Eduardo Maldonado, sean inhabilitados.