La afirmación la hicieron, por separado, después de que Menacho descartó que el Estado cumpla con resarcir económicamente a Delgado y Maldonado, por no ser de carácter vinculante los dos dictámenes del Comité, que los favorece y que solo se trata de una recomendación.

“No es verdad que la competencia del Comité es solo recomendatoria, de lo contrario el exprocurador Héctor Arce y el actual procurador no se hubieran sometido al procedimiento que se ha seguido, a los plazos y a la jurisdicción del Comité internacional”, aseguró a ANF Maldonado.

Recordó que el Gobierno boliviano se ha comprometido ante la Comunidad de Naciones a honrar la fe de Estado, al ser la parte del sistema protectivo de derechos humanos tanto a nivel universal en la ONU como en el sistema interamericano en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En la misma línea Delgado afirmó el carácter vinculante del dictamen del Comité, debido a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que forma parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales de derechos humanos, los convenios y también el derecho internacional.

“Entonces resulta que ellos tienen la obligación de cumplir eso”, aseveró a ANF la exasambleísta.

Para Maldonado, las declaraciones del Procurador son un funesto precedente, que le hace daño a la imagen de Estado boliviano ante la comunidad internacional.

“Pone en duda a la responsabilidad del Estado respecto ante su compromiso con el derecho internacional”, aclaró.

En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un “Reglamento” inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular. Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados (Delgado) y senadores (Maldonado) con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieran participar.

En mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, aceptó la demanda presentada por Delgado y Maldonado y ordenó al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos y cívicos.

Además, señala que en el futuro “no se puede repetir un hecho como el sucedido” con Rebeca Delgado, a quien se le impidió ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba en 2015.

Bolivia “tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto”, se lee en parte de la resolución.

No fueron informados

Al respecto, Menacho aseguró que esas acciones específicas en términos de modificaciones legislativas para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, fueron tomadas en cuenta.

“Ya han sido llevadas adelante y la Procuraduría así lo ha informado al Comité de Derechos Humanos, en ese sentido creemos que ese aspecto del dictamen emitido por el Comité está plenamente cumplido”, remarcó este jueves.

Sin embargo, los exlegisladores explicaron que no fueron informados de esos cumplimientos y que, en realidad, en todo este tiempo no fueron convocados a ninguna reunión para quedar los términos del cumplimiento.

“La Procuraduría General en ningún momento nos ha convocado a una sola reunión en todo este año, hemos esperado pacientemente que pueda haber alguna señal en ese sentido, sin embargo, no ha habido la señal”, dijo Maldonado.

Delgado dijo que es una obligación del Estado informar no solo al Comité sino a los directos informados y al país, con el fin de demostrar que nunca más se repetirá una vulneración similar.

“Nosotros vamos a esperar, el procurador ha dicho que han cumplido parcialmente, ha dicho que ya han cumplido en las medidas legislativas, entonces queremos saber cómo han cumplido, es decir no hemos tenido ninguna comunicación, no sabemos qué respuesta han dado al Comité de Derechos Humanos”, dijo.

Tanto Delgado como Maldonado explicaron que continuarán con el proceso hasta que el Estado cumpla, ya sea en esta y otra gestión. “No es un tema terminado ni cerrado”, concluyó Delgado.