Menacho explicó que la determinación de las Naciones Unidas no tiene un estricto cumplimiento.

El 18 de abril, el Procurador del Estado dijo que evaluará las modalidades de cumplimiento para lo dispuesto por organismo internacional que establecía que: el fallo debía ser publicado y traducido en idiomas oficiales, que el caso de Delgado no debía repetirse con otro ciudadano o ciudadana en Bolivia y que los exasambleístas debían recibir un resarcimiento económico.

"Los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen un carácter eminentemente recomendatorio, recomiendan al Estado llevar adelante acciones específicas, esas acciones específicas de legislaciones especificaciones y fueron llevadas adelante y al Procuraduría informó al Comité de Derechos Humanos. El dictamen fue cumplido", justificó la autoridad de la Procuraduría del Estado.

En su cuenta en Twitter, la disidente del MAS, pidió al Procurador que demuestre públicamente como se cumplió el fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

"Instamos al procurador @PabloMenachoD @ProcuraduriaB demostrar públicamente los mecanismos y formas de cumplimiento del dictamen del Comité de DDHH de la ONU, bajo responsabilidad internacional como servidor público ante el Estado Boliviano y ante la ONU", escribió Delgado.

Por otro lado, Menacho dijo que la afectada puede llevar adelante las acciones que venga al caso si considera que no son de su satisfacción.

"Cualquier reclamo que ella tenga puede tomar las acciones que sean necesarias. Los dictámenes no son vinculantes, no son sentencias", subrayó el Procurador del Estado.



CAMBIOS "El Estado boliviano ya cumplió las recomendaciones con relación a llevar adelante todas las acciones para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, hubieron modificaciones legislativas, el Órgano Electoral Plurinacional ha ajustado su reglamento, por lo que dichas recomendaciones de ese tipo ya han sido cumplidas en su cabalidad", aseguró Menacho ABI.

Según el Procurador, si los ex asambleístas Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado tienen pretensiones sobre algún tipo de indemnización económica, pueden llevar su reclamo a las instancias que ellos consideren pertinentes.

En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un "Reglamento" inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular. Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados (Rebeca Delgado) y senadores (Eduardo Maldonado) con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieran participar.

En mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aceptó la demanda presentada por Delgado y Maldonado y ordenó al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos y cívicos.