La demanda contra el Estado y varias autoridades pide la interpretación del Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la anulación del fallo 084/2017 que establece la reelección indefinida.

El recurso fue registrado el miércoles en el sistema de la Corte-IDH y planteado por Wilson Santamaría, Gonzalo Barrientos y Rafael Quispe, entre otros legisladores de oposición.

“Pedimos (…) ordenar la reivindicación de los derechos vulnerados de los bolivianos (…) por unas cuantas autoridades del Estado de Bolivia en contra del derecho fundamental consagrado por el soberano”, señala la demanda.

Se refieren al pueblo que a través del referéndum del 21 de febrero de 2016 dijo No a la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, para viabilizar la reelección.

Asimismo, piden un pronunciamiento sobre si “un puñado” de magistrados del TCP puede sobreponer su interpretación a la voluntad popular que se pronunció sobre la reelección en el referéndum del 21F.

La pasada semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA admitió una primera demanda sobre el mismo tema.

Los diputados que ayer plantearon la segunda denuncia identifican como responsables de las violaciones a los derechos de los bolivianos al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a 11 legisladores, además de los ex magistrados Macario Cortez, Oswaldo Valencia, Ruddy Flores, Neldy Andrade, Zenón Bacarreza y Mirtha Camacho.

POLÉMICA POR FLORES

Precisamente Flores figura desde ayer como funcionario de la Cancillería, según la página oficial de la Contraloría, que da cuenta de su Declaración Jurada como servidor público.

Según Erbol, Flores desempeñará como Director General de Asuntos Jurídicos y ayer emitió una circular en esa condición.

El diputado opositor Tomás Monasterio manifestó que el nombramiento “es una prueba de la asquerosa relación política entre las máximas autoridades de la justicia en Bolivia y el Gobierno” y, para Flores, "un premio por haber cometido la violación constitucional que habilitó a Evo Morales a ser candidato pese al voto del 21-F”.

El líder de Unidad Nacional (UN), el opositor Samuel Doria Medina, tuiteó que Flores recibió “su pago por el fallo de la reelección. Quería ser embajador pero sus jefes no se animaron y lo nombraron asesor jurídico. Esto es corrupción declarada y no quedará impune”.

La opositora Norma Piérola anunció que “el premio” será para todos los magistrados y, según ella, Zenón Bacarreza será el próximo, porque asumirá como Embajador en Panamá.

Declaraciones juradas de ex magistrados

Los siete magistrados salientes del TCP cumplieron con la presentación de sus declaraciones juradas de bienes y servicios hasta ayer, jueves, ante la Contraloría General del Estado (CGE). Era su obligación hacerlo como servidores públicos.

Ruddy José Flores Monterrey –que fue presidente del TCP, autor de un accidente de tránsito con muerte y parte de un polémico viaje a China durante su mandato–, declaró tener un patrimonio neto (bienes menos deudas) de Bs 3.308.488.

Neldy Virginia Andrade Martínez, presentó su declaración jurada el 4 de enero, con un patrimonio neto de 1.154.617 bolivianos. Zenon Hugo Bacarreza Morales declaró tener un patrimonio personal de Bs 190.224 el 9 de enero, Mirtha Camacho Quiroga, presentó documentos el 15 de enero con un patrimonio de Bs 550 mil, Macario Lahor Cortez Chávez declaró el 4 de enero (Bs 3.896.154) y Juan Oswaldo Valencia Alvarado, el 9 de enero, juró tener un patrimonio de Bs 2.350.000.

Efren Choque Capuma –el único de los siete salientes que no firmó el fallo de repostulación, por ausencia– declaró contar con un patrimonio personal de Bs 135 mil.