El Gobierno, en la voz del ministro de Comunicación, Manuel Canelas, rechaza dicha conclusión y la considera alejada de la verdad. Recordó que se atendió el requerimiento de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y de gente del gremio, que pidió una evaluación y una propuesta de modificación con relación a las 13 normas que establecen publicidad obligatoria.

Resaltó que se ha posibilitado un espacio de diálogo, “ha habido muchos avances, conversación, comunicado desde el Gobierno y desde los gremios de periodistas que estamos en camino de resolver estas cosas, entonces nos resulta sorprendente y un poco informal este informe”, resaltó.

El director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez, reconoció que en el último mes se ha reanudado un diálogo, que estuvo interrumpido por diez años; pero también apunta que los hechos que refleja RSF son de 2018, cuando se registraron acciones que se pidieron investigar. Añadió que la ANP observa con mucha preocupación el informe de RSF, porque durante los últimos 10 años se han reportado agresiones a los periodistas y a medios. También se han reportado las obligaciones que el Gobierno impone para la publicación de avisos gratuitos en las páginas de los diarios independientes privados, que se han hecho conocer a organismos internacionales.

Canelas indicó que la próxima semana habrá una reunión con la ANP, periodistas, el Ministerio de Justicia y la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, para coordinar los cambios a las 13 leyes para aliviar la obligatoriedad de publicación a los medios de comunicación.

El diputado Luis Felipe Dorado dice que en el país las voces opositoras pueden expresarse, aunque “en muchas ocasiones el Gobierno ha equivocado la vía en querer enjuiciarnos a los que denunciamos. También tenemos la desconfianza de que algunos medios hayan sido comprados por empresarios afines al oficialismo y esa es una forma de afectar la libertad de prensa que hay en el país”.

La mirada en la región

El informe señala que sigue reduciéndose el número de países que se consideran seguros -aquellos en los que los periodistas pueden ejercer su oficio sin correr peligro-, mientras que crece el control que ejercen los regímenes autoritarios en los medios de comunicación.

Venezuela, Brasil y Nicaragua fueron los países latinoamericanos que registraron una mayor degradación de la libertad de prensa en 2018, que también alerta de la situación en México y Cuba.

Señala que la “deriva autoritaria” en la que ha entrado el Gobierno de Nicolás Maduro acerca a Venezuela a la llamada “zona negra”, que agrupa a los peor parados de una clasificación en la que los países del norte de Europa, con Noruega a la cabeza, se llevan la mejor nota y que está cerrada por Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea. Brasil se sitúa en el puesto 105, cerca de la “zona roja”, en la que está Venezuela y otros países en los que la situación es “difícil”. El deterioro en este país responde a un año “particularmente agitado” con el asesinato de cuatro periodistas y la fragilidad creciente de los independientes que cubren temas ligados a la corrupción o el crimen organizado en pequeñas y medianas ciudades.

Pero el país que más puestos cayó en América Latina en la clasificación fue Nicaragua, que retrocedió 24 plazas para situarse en la posición 114, en plena “zona roja”, por cuenta de una “represión” contra la prensa independiente a cargo del Gobierno de Daniel Ortega. El informe recuerda que por vigésimo segundo año consecutivo el peor país para la prensa en América Latina es Cuba, en el puesto 169, pero también la cobertura de internet ha mejorado, lo que permite que las voces independientes sean escuchadas.

La autocensura, ligada a las intimidaciones de la clase política, ha crecido en El Salvador, Honduras y Guatemala.