Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: jueves 18 de abril de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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En una resolución sobre Bolivia, aprobada en la reunión semestral de la SIP celebrada a fines de marzo en Cartagena, Colombia, la organización pidió respeto a las convenciones y tratados internacionales que protegen la libertad de expresión para evitar "las restricciones a este derecho fundamental por vías directas, tal como la aplicación de la publicidad gratuita", al tiempo que urgió al Gobierno a suprimir esta medida, de acuerdo con una nota de prensa publicada en su portal.
El informe sobre la situación de la libertad de prensa en Bolivia presentado en Cartagena, reveló la preocupación de los medios por el "ciclo de fragilidad financiera" y denunciaron que desde 2010 el gobierno promulgó 13 leyes que "responden a un esquema político e ideológico orientado a debilitar la palabra independiente de periodistas y medios".
"Cada una de las 13 normas impone a radioemisoras, difusoras de televisión, medios virtuales, pero en particular a diarios privados e independientes, la publicación de avisos gratuitos en páginas específicas que generan pérdidas de hasta 30 por ciento por concepto del servicio de publicidad", destaca el documento.
OTRO GOLPE
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) consideró como "otro golpe financiero" un nuevo proyecto de ley (Proyecto de Abreviación Procesal Penal) que elimina la obligación de publicar los edictos en los diarios y lo sustituye por su divulgación digital y gratuita.
Los edictos que publican los diarios serán reemplazados por información digital, según el Proyecto de abreviación procesal penal que el 16 de abril aprobó el Senado y será considerado por la Cámara de Diputados.
La ANP explicó que los medios obtienen ingresos por la impresión y difusión de avisos de notificación legal, por lo que esta iniciativa "terminará provocando su colapso".
El presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp, lamentó que esta nueva disposición se esté discutiendo en el Legislativo precisamente en un momento en que la ANP y el Gobierno abrieron un espacio de diálogo para estudiar mecanismos que permitan revertir el impacto de otras leyes que, en los últimos años, han afectado la estabilidad económica de los medios de comunicación.
La asesora legal de la ANP, Mabel Antezana, expresó que entre las garantías de la Constitución Política del Estado (CPE) está la obligación de información al ciudadano sobre cualquier proceso o resolución que le afecte entre sus intereses, y con ello justificó la importancia de los edictos en los diarios.
LIBERTAD DE PRENSA
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
CIDH
El 14 de febrero, el Directorio de la ANP informó al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, sobre los impactos del esquema de asfixia financiera, la persecución tributaria y administrativa del gobierno impuesta a los medios periodísticos independientes.
En una reunión en Sucre, sede del 171 Periodo de Sesiones de la CIDH, los representantes de los principales medios impresos y una agencia de noticias de Bolivia explicaron el impacto de las políticas gubernamentales en las frágiles finanzas de medios y el alto riesgo de cierre por la sistemática presión ejercida desde 2010.
Lanza escuchó los testimonios de directores de medios impresos sobre la exclusión de los diarios privados de la publicidad estatal.
Apuntes
Sistema de publicación edictal
El sistema de publicación edictal tiene como objetivo el control de los abusos de los administradores de justicia, y existe la obligación de poner en conocimiento de la parte adversa de cualquier proceso o notificación en su contra, dijo la asesora legal de la ANP, Mabel Antezana.
Avisos gratuitos
La ANP alertó que las pérdidas son cuantiosas por la difusión de avisos gratuitos respaldados por 12 leyes y un decreto, y reiteró que la fragilidad financiera obligó a racionalizar personal.