“Claro que hemos cumplido ese dictamen, no tiene carácter de sentencia como sí la tienen por ejemplo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tienen un carácter eminentemente recomendatorio”, explicó.

A través de sus cuentas en Twitter, Delgado y Maldonado coincidieron en demandar a Menacho a demostrar los mecanismos y formas de cumplimiento del dictamen en la demanda interpuesta por la vulneración de sus derechos políticos.

Los dos exlegisladores demandaron al Estado por habérseles negado la posibilidad de terciar en las elecciones a la Alcaldía de Cochabamba y de Potosí en 2015. Una circular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohibió a los asambleístas nacionales del periodo 2010-2015, como Delgado y Maldonado, postular a cargos subnacionales, a excepción de los cargos de gobernador  y asambleísta departamental. Además estableció que los candidatos a alcaldes tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular, requisito que no cumplían los entonces legisladores porque la sede de sus funciones era La Paz.

El fallo establece el pago de un resarcimiento y un compromiso del Estado para que no vuelva a presentarse hechos como el denunciado, sin embargo –a decir de Menacho– los dictámenes del Comité de la ONU son solo de carácter recomendatorio y no tienen carácter vinculante como en el caso de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Instamos al procurador @PabloMenachoD @ProcuraduriaB demostrar públicamente los mecanismos y formas de cumplimiento del dictamen del Comité de DDHH de la ONU, bajo responsabilidad internacional como servidor público ante el Estado Boliviano y ante la ONU. (sic)”, escribió Delgado en su cuenta de Twitter.

Menacho sugirió a ambos exlegisladores llevar adelante las acciones que consideren pertinentes en caso de persistir en un resarcimiento económico.  

“El Procurador @PabloMenachoD miente. Ni @RebecaDelgadoB ni mi persona hemos sido convocados a reunión alguna para acordar los términos de cumplimiento de los Dictámenes del Comité Intnal. de DD.HH. de Naciones Unidas (sic)”, escribió el exsenador Maldonado.

La inhabilitación de los exlegisladores constituyó una “restricción a sus derechos políticos que no se basó en criterios razonables y objetivos claramente previstos por la ley, en violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala la parte conclusiva del dictamen del comité, según su sitio web.