En el 2009, con los cambios establecidos en el nuevo texto constitucional, que diseña, entre otras cosas, una fenomenal ingeniería de reproducción del poder, el objetivo central era lograr la mayoría calificada en el poder legislativo, es decir, los dos tercios. Las facultades de esa inusual concentración de poder, en el periodo constitucional del 2010 al 2014, inician las bases de una interesante construcción hegemónica.  

En esa gestión, con los dos tercios en el Congreso, controlaron y administraron la elección de magistrados para el poder judicial. Con su mayoría calificada, también, designaron a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al Defensor del Pueblo y otras autoridades importantes. 

Luego, con el poder judicial bajo su tutela, el Tribunal Supremo Electoral sometido a sus designios, y sin rival al frente, encararon las elecciones del 2014, con un objetivo central: reeditar los dos tercios. Sin dificultad, superaron ampliamente la barrera de la mayoría absoluta. Empero, forzaron las cifras para lograr otra vez la mayoría calificada. El accionar del TSE, a la cabeza de su anterior presidente, fue crucial en la manipulación de las reglas y la “administración” de los votos. Activaron varios mecanismos, como la reducción de la propaganda electoral de 60 a 30 días; la reducción de escaños uninominales en ciudades donde históricamente se concentra el voto opositor, y; la apropiación de dos curules obtenidos por el MSM y el PVB. Todo fríamente calculado para alcanzar la meta de los dos tercios. Un resultado extraño, colocaba en riesgo la estrategia de reproducción del poder. Claro, también contaron, en ese objetivo, con la complicidad de las fuerzas de esa oposición “submongólica” y funcional.

Ahora, en el marco siempre de su estrategia de reproducción permanente del poder, con esos “dos tercios truchos”, intentaron modificar el artículo 168 de la Constitución, a través del Referéndum, empero con resultados inicialmente negativos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, designado con su mayoría calificada, con la sentencia constitucional 0084/2017, habilita al sempiterno caudillo para una nueva repostulación, no obstante las restricciones constitucionales y los resultados de la consulta popular. 

Con sus dos tercios designaron, también, a los nuevos vocales del TSE, además de proceder, frente a las renuncias del presidente y vicepresidente de ese Tribunal, a la designación de reemplazantes. Aprobaron, modificando su sentido y “espíritu”, la Ley de Organizaciones Políticas, forzando las primarias para “validar” la repostulación ilegal, ilegitima e inconstitucional. Todo en complicidad con el TSE. 

Ahora, con el órgano Judicial subyugado y el obsecuente TSE, en una competencia desigual, encararan las próximas elecciones.  Empero, el campo político es distinto. Se han producido muchos cambios; algunos sustanciales.

Ya no cuentan con el mismo capital político. Con el caso Zapata y las miserias “desnudadas”, se derrumbó aquello que construyeron con tanta devoción: el “mito Evo”. Su discurso ha quedado fatuo y vacío, por la enorme distancia entre lo que dicen y lo que hacen. Y, lo que es peor, ya no cuentan con el apoyo del votante medio, determinante en triunfos del 2009 y 2014. Se les hace imposible, entonces, lograr la mayoría absoluta, peor aún alcanzar los dos tercios. 

Los objetivos cambian, pero no así la meta de la reproducción del poder. En esa línea, el objetivo oficialista es ganar las elecciones, aun cuando, con mayoría relativa. Evitando, empero, la segunda vuelta. En esa instancia, el riesgo de perder el poder, es inminente.

En ese sentido, ya han activado varios mecanismos, como el cambio de fecha de las elecciones, del 27 al 20 de octubre. Han propiciado, también, cambios estratégicos en la estructura organizativa del TSE, dejando con serias dudas el principio de transparencia. Vendrán, además, otras disposiciones que favorecerán ampliamente a su candidato. 

Así, la madre de las batallas, para Evo y el partido de gobierno, es evitar la segunda vuelta.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón