La lucha política del régimen de Evo Morales contra las autonomías tiene en su haber muertes, ejecuciones extrajudiciales, presos sin sentencia con la salud física y el alma deterioradas, perseguidos y exiliados políticos, familiares que claman justicia, infamias e infundios. Como el proceso político con carátula judicial “Terrorismo-Separatismo” y “Alzamiento Armado”, a merced a una administración de justicia subsumida al poder político centralista.

Se trató -y trata- de una lucha política, entre dos visiones antagónicas de país. Por un lado, la autonómica descentralizadora, democrática y liberal, conducida por los entonces prefectos de la llamada Media Luna, en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

Por otro lado, la visión de matriz dictatorial del régimen de Morales. Según sus propias confesiones, apenas iniciado su mandato, “en 2006, Fidel (Castro †) y Hugo (Chávez †) nos han dado la línea. La del Socialismo del Siglo XXI, que su propio ideólogo, Heinz Dietreich, dio por concluida con Chávez aún vivo, o el ‘castrochavismo’ que perdura hasta hoy.

Con el enfrentamiento en Porvenir, Pando, el 11 de septiembre de 2008, empieza la primera fase del complot. Ahí se confirmó la deriva violenta y represiva del régimen de Morales. Planificado y ejecutado por el poder político, el saldo fueron 12 muertos, el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, con detención domiciliaria, enfermo y sin sentencia hasta hoy, y cientos de pandinos exilados en el vecino Brasil.

Pando era el eslabón más débil por su lejanía, poca población y escasas vías de comunicación. Esa infamia, dio lugar a la parafernalia que montó la ya extinta Unasur. De ahí salió una comisión investigadora y el ‘informe Mattorolo’, hecho a gusto y placer de Chávez, Morales y sus pares.

El proyecto autonómico nunca tuvo en mente el uso de la violencia. Aquí sí se sabe que las autonomías no dividen al país. Si algo dividen, es al poder centralista y concentrador. Por eso generan el rechazo de los gobiernos centrales y de los hombres con visión estrecha y miope de las realidades de sus países.

A pesar de Porvenir y otros actos de violencia política a matar, la Media Luna subestimó el poder represivo de Morales y compañía, tan resabidos en el uso de aniquilar adversarios y enemigos políticos. 

Lo sucedido en el hotel Las Américas de Santa Cruz, la madrugada del 16 de abril de 2009, marca la asegunda fase: el terrorismo de Estado. Eso fue la ejecución extrajudicial de Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano, ex combatiente de la Guerra de los Balcanes; Árpad Magyarosi, húngaro, y Michael Dwyer, irlandés. Fue una operación de inteligencia de alto nivel, con adiestramiento de los ‘asesores’ de Morales.

“Horas más tarde, ese mismo 16 de abril, el presidente Evo Morales, aterrizaba en Cumaná (Venezuela) para participar en una cumbre bolivariana. ‘Me informan que esta madrugada ha habido un tiroteo donde han caído tres extranjeros y dos detenidos’, anunció en el mismo aeropuerto, escoltado por el venezolano Hugo Chávez y el cubano Raúl Castro. Era una trama, dijo, ‘de la derecha’ para atentar contra él y el vicepresidente.  (Maité Rico. El País, Madrid 26 de abril de 2009).

Información obtenida por Rico, apunta a que Rózsa fue contratado por los servicios de inteligencia bolivianos, en agosto de 2008. El objetivo era montar una falsa trama terrorista, para justificar después la persecución contra los dirigentes de Santa Cruz, bastión opositor al Gobierno. ¿Fue Rózsa, nacido en Santa Cruz de la Sierra, un doble agente? ¿Matándolo, impidieron que se conozca la verdad? Según Rico, los mismos servicios secretos mataron a Rózsa para borrar pistas y sembrar pruebas falsas.

Los supervivientes Mario Tadic y Elöd Tóásó se salvaron porque desconocían la trama. En febrero de 2015 aceptaron “un proceso abreviado”, es decir, asumir los cargos. “La única manera de terminar con la farsa judicial era declararse culpable, aun sin serlo”, dicen ahora desde el exterior.

Con el proceso político y su carátula judicial ‘terrorismo-separatismo’ contra 39 imputados, se montó la tercera fase de la conjura. Los que asistían al juicio solían portar camisetas y carteles con el lema: “Somos autonomistas, no terroristas”.

A cargo de serviles fiscales, jueces, asesores y extorsionadores consumados, el juicio es una parodia jurídica que tiene aún 2 presos en la cárcel cruceña, 12 con detención domiciliaria, 5 que optaron por juicios abreviados y el resto son perseguidos y exiliados políticos. 

En el juicio se violentaron y violentan todas las normas del derecho procesal y los Derechos Humanos. Recuerda el ambiente opresivo de “El proceso” de Franz Kafka, sin debido proceso, competencia territorial, presunción de inocencia y juicio justo. Lleva casi siete años, sin haber podido probar alguna pista terrorista o separatista. 

Es, además, un juicio inhumano. Bien lo relata el periodista Harold Olmos en su libro “Labrado en la Memoria”. Olmos rescata la respuesta del entonces fiscal Sergio Céspedes, cuando la defensa de los acusados invocó ‘el derecho a la vida’: “En la antigua Constitución Política del Estado se valoraba la vida. En esta nueva es Patria o Muerte”. Así le va a Bolivia. 

Una nueva fase contra las autonomías, puede ser la cuarta postulación de Morales a las elecciones de octubre de 2019. Lo hace violentando el voto soberano del Referéndum de 2016 que le dijo NO, y violando el artículo 168 de la Constitución que se lo prohíbe. La lucha continua.