El Fiscal Anticorrupción asignado al caso, Ronald Chávez, explicó que la determinación que asumió la Juez se sustenta en la imputación formal que presentó la Fiscalía, en la que se establece que el sindicado no puso en conocimiento del concejo municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, (GAMLP), que su cónyuge Maricruz M. S. es y era representante legal de la empresa Tersa SA y de Edwin S., quien firmó contratos con el GAMLP, según un boletín de prensa de la Fiscalía General de Estado.

Asimismo, el Ministerio Público cuenta con los elementos suficientes que demuestran que Maricruz M. solicitó documentación al concejo municipal, mismas que fueron respondidas por el presidente del concejo municipal paceño, Pedro S., y el ahora imputado.

“Los poderes que la empresa Tersa otorga a la esposa del sindicado son desde la gestión 2013, por tanto tenía conocimiento que cualquier trámite en la alcaldía podía tener un conflicto de intereses por ser representante legal de dicha empresa”, dijo el Fiscal.

De acuerdo con el investigador, se presume que el imputado vulneró el Art. 8 inc. a) del Código de Ética y los Reglamentos del Municipio, es decir incumplió las obligaciones inherentes a su cargo, e implícitamente habría beneficiado a su cónyuge en su condición de representante legal de la empresa Tersa.

El sospechoso es imputado por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Influencias.