La Corte Suprema de Perú dictó que el parque arqueológico Machu Picchu, principal atracción turística del país, es propiedad del Estado tras rechazar la demanda, iniciada en 2005 por la familia Zavaleta, para la reivindicación de tierras del Parque Arqueológico Nacional Machu Picchu (vieja montaña quechua), a 130 kilómetros de Cusco, antigua capital del Imperio Inca (siglos XV-XVI). Son unas 22.000 hectáreas donde se levanta la ciudadela construida por el emperador inca Pachacútec (1438-1471) y hallada en 1911 por un explorador estadounidense.

“Hemos demostrado que dichas tierras fueron expropiadas por la Dirección General de Reforma Agraria en los años 1960 y 1970 a favor del Estado”, dice el gobierno. Qué gracia, o sea, el gobierno arbitrariamente expropia tierras y luego su “justicia” dice que son del gobierno porque las expropió, se las quedó “legalmente”.

A nivel supra nacional ocurre lo mismo. En momentos en que Boeing enfrenta una crisis por sus aeronaves 737 MAX, tras dos accidentes fatales, el tribunal de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ha dicho que EE.UU. debe poner fin a unas “ayudas fiscales” dirigidas a Boeing. Se referían a una rebaja de impuestos. O sea, que el gobierno alivie su peso sobre una empresa privada es considerado “ilegal” por un tribunal (multi) estatal.

El Gobierno estadounidense dice que, en ese mismo dictamen, se exigía a la Unión Europea (UE) eliminar los subsidios para la competidora Airbus, cosa que no ha hecho, con lo que Trump amenaza con aranceles adicionales, a productos europeos, para compensar el daño económico que valora en US$ 11.000 millones anuales.

Y hay casos más graves. Según Sebastiana Barraéz, dos jóvenes están presos en una cárcel militar venezolana y sin juicio tras un incidente con el hijo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Melvin Gregorio Farías Gutiérrez y Junior Gerardo Rojas Gutiérrez fueron detenidos por una confusión con los escoltas del hijo del juez. Llevan un año en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, asegura Barraéz, donde están detenidos los militares “más peligrosos” y los ejecutivos de CITGO, la filial de PDVSA en EE.UU.

Pero los Estados no solo criminalizan a inocentes, sino que obligan a asociarse con delincuentes. Hablando de Venezuela, según Refugees International (RI), unos 5.000 ciudadanos emigran cada día y cada vez son más las personas mayores, discapacitadas y menores de edad que intentan cruzar la frontera. Pero algunos venezolanos comienzan a recurrir a “criminales” -contrabandistas, traficantes- en su intento por encontrar asilo, en otros países, debido al endurecimiento de los controles fronterizos de los Estados receptores, como en Chile y Ecuador.

Algunas comunidades que inicialmente había bienvenido a los venezolanos ahora muestran un creciente resentimiento y tensiones y hasta han ocurrido algunos actos violentos en Perú, Brasil y Argentina, según RI. Por cierto, resulta muy irónico que estos países condenen al régimen de Maduro, pero luego rechacen a quienes escapan de dicho régimen.