Medio: Opinión
Fecha de la publicación: miércoles 17 de abril de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Tribunal Constitucional Plurinacional
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La pretensión del magistrado Orlando Ceballos, de volver a sus funciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como si nada hubiera pasado, ha generado una diversidad de reacciones entre quienes creen que debe volver a su cargo y quienes rechazamos esa posibilidad. Por eso es necesario puntualizar lo siguiente:
Contenido
• La Constitución Política del Estado reconoce que todas las personas, y particularmente las mujeres, tienen el derecho a vivir libres de violencia, (Art.15). La misma Constitución establece: “Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley.” (Art. 114, I). Este reconocimiento se ha traducido en la elaboración de leyes específicas que protegen este derecho y que forman parte del marco normativo de protección de los derechos de las mujeres.
• Es función del TCP velar por la supremacía de la Constitución y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Por ello, quienes lo integran deben tener una conducta intachable, que permita a la ciudadanía tener confianza en las instancias que administran justicia.
• Orlando Ceballos, expresidente del TCP, ha solicitado reincorporación a sus funciones como magistrado, luego de haber reconocido, días atrás, que incurrió en actos de violencia física en contra de su esposa, argumentando que se habría tratado de un problema “circunstancial”, siendo que la violencia es un delito de acción pública.
Los integrantes de instancias como el TCP, autoridades de las asambleas legislativas y autoridades municipales, deben demostrar alta integridad moral y personal, requisito básico para ejercer funciones públicas. En este caso, está claro que Ceballos ha perdido toda autoridad moral para cumplir la más alta función jurídica.
Más de 60 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional han manifestado públicamente su rechazo a la intención de Ceballos, demandando su renuncia; legisladoras de oposición y del oficialismo han exigido su renuncia inmediata y ya se ha anunciado el inicio de juicio de responsabilidades. Sin duda, Ceballos ya es parte de los magistrados que recordaremos, no precisamente por una exitosa función judicial.
