Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: miércoles 17 de abril de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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“Ninguno de ellos (MAS) ha votado favorablemente para recibir un informe, excepto los colegas asambleístas de la oposición”, declaró Orellana. “Es nuestra responsabilidad informarnos sobre esos actos de corrupción”, dijo.
Además, indicó que ante lo ocurrido, la bancada del MAS demuestra que está “para proteger los actos de corrupción”.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, René Rocabado, justificó que el pedido se haya rechazado porque “el asambleísta ya salió el lunes en los medios de comunicación”, por lo que ya no era necesario recibir su informe.
La asambleísta de oposición Lizeth Beramendi explicó que el tema ya había sido incorporado en la agenda del debate con el apoyo de tres legisladores y que no era necesario autorizar nuevamente. Aseveró: “No es la primera vez que los asambleístas del MAS rechazan información”.
Lo ideal es que el pleno, al conocer de un hecho de corrupción, exija un informe, pero en este caso se evidencia un “encubrimiento”, afirmó.
La asambleísta demócrata Lineth Villarroel expresó: “Es terrible que hasta las horas de hoy después de una denuncia pública (...) el Gobernador no haya emitido ningún criterio”. Al respecto, en un breve contacto con Los Tiempos, ayer el asesor general de la Gobernación, Rodrigo Quinteros, dijo que desconoce la denuncia.
INVESTIGARÁN OTROS PROYECTOS
El asambleísta Mario Orellana indicó que investigarán otros proyectos ejecutados por la Gobernación, entre ellos, la refacción de los coliseos y del estadio Félix Capriles, ante la sospecha de que la empresa Zipaquira de uno de los allegados de Iván Canelas también intervino en esas obras.
En tanto, la asambleísta Beramendi recordó que “no es la primera vez que hay denuncias respecto de corrupción del Gobernador”. Aún está en proceso el tema del estadio y el de la “famosa Casa del Pueblo”, donde también existen indicios de corrupción. También indagarán la adjudicación de la memoria de los XII Juegos Suramericanos, en 2018.