Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 17 de abril de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Tribunal Constitucional Plurinacional
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Entre tanto, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que hasta el 26 de este mes se definirá su situación jurídica.
“Se nos ha notificado con el auto interlocutorio, en el cual el juez Anticorrupción y de Violencia declara infundada la extinción de la acción penal interpuesta por la víctima en el caso del magistrado Ceballos, permitiendo al Ministerio Público continuar con la investigación”, explicó el representante del Ministerio Público.
Detalló que el caso se encuentra en la etapa preliminar de la investigación, misma que concluiría dentro de 10 días, debido a que se ha solicitado la ampliación por 30 días. “Antes de que concluya este plazo, el Ministerio Público emitirá una resolución en base al informe psicológico, social y del investigador”, añadió.
Siente presión
Ceballos dijo que su prioridad en este momento es su familia y que siente que están presionando para que se divorcie, por lo que ha conversado con su esposa y “vamos a defender lo que queda”.
El tribuno no se refirió a una posible renuncia ni licencia. “Lo que queda es asumir defensa, solo puedo decir eso. Estamos en un Estado de derecho, está la ley y asumiremos defensa frente a los casos que se están ‘aperturando’ (sic)”, agregó el tribuno.
Las reacciones
Las diputadas Susana Rivero y Lourdes Millares refutaron al magistrado del Tribunal Constitucional y le atribuyeron que es responsable de la destrucción de su vida personal y profesional y del daño a su propia imagen, después que éste dijera que hay presiones para que se divorcien.
Rivero precisó que la demanda de juicio de responsabilidades no es por violencia familiar, porque ese caso está en la justicia ordinaria, sino por incumplimiento de deberes y por no cumplir con la Constitución Política del Estado.
La diputada de Demócratas, Eliane Capobianco pidió que todos los casos que involucren a autoridades en casos de violencia se exija su renuncia.