Medio: Opinión
Fecha de la publicación: martes 16 de abril de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Tribunal Constitucional Plurinacional
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La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, lamentó este martes las recientes declaraciones del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, y enfatizó que existe el respaldo legal para procesarlo y destituirlo en el menor tiempo.
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Rivero indicó que en su reciente alocución Ceballos ratificó su posición de incumplir la Constitución Política del Estado (CPE) con faltas éticas ya inadmisibles.
"Nosotros tenemos todo el respaldo de la Constitución y de las leyes del juicio de responsabilidades para acusarlo, procesarlo y en el menor tiempo destituirlo, por supuesto que habrá el trámite correspondiente, él tiene derecho al debido proceso, el derecho a la defensa", señaló Rivero.
Esta mañana reapareció el magistrado ante los medios de comunicación y no se refirió a poner su cargo a disposición, por el proceso en su contra por violencia intrafamiliar, y afirmó que las presiones buscan destruir a su familia.
"Nos están presionando para que termine de destruirse mi familia. Yo he conversado con mi esposa y vamos a defender lo que queda", apuntó.
Agregó que lo único que pide es "que la paren con la familia, están presionando para que nos divorciemos".
Ceballos reapareció después de que la justicia rechazó extinguir el proceso en su contra y la diputada Susana Rivero presentó una demanda para juicio de responsabilidades.
El magistrado fue denunciado por su esposa el 10 de marzo por violencia intrafamiliar. El médico legista le otorgó 7 días de impedimento. Su esposa retiró la denuncia para que se extinga el caso, pero un juez lo rechazó.
Para Rivero, con sus recientes declaraciones, Ceballos no solo demuestra que confirma que irrespeta la Constitución, sino que "muestra que está en toda la posición de ratificarse en el incumplimiento de la Constitución con unas faltas éticas ya inadmisibles".
Apuntó que no se permitirá que en el país haya un magistrado del Tribunal Constitucional que sea el primero en vulnerar la Constitución.