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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 16 de febrero de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
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Desde el faro
Acoso político: problemática y lucha desvirtuada
Según la investigación, Quispe fue intimidada por organizaciones
campesinas del municipio de Ancoraimes por denunciar la hostilidad
persistente de sus pares varones que impedían el ejercicio de sus
funciones. Pero, ¿cómo entender problema? ¿Acaso no era suficiente para
las mujeres haber logrado la implantación de las cuotas para transitar
luego a la constitucionalización del principio paritario en la
representación política de hombres y mujeres?
Los antecedentes son importantes. En noviembre del año 2000, varias
mujeres concejales electas en las elecciones municipales de 1999, una
vez vigente la cuota del 30% mínimo de candidaturas femeninas, rompieron
el silencio. Sus denuncias causaron revuelo. En audiencia pública ante
la Comisión de participación popular y descentralización de la Cámara de
Diputados de tiempos “neoliberales”, hablaron de hostigamiento y
violencia experimentada en el ejercicio de sus funciones.
Reportaron amenazas por resistirse a recaudar dineros para recuperar
costos de campaña de la dirigencia partidaria, por luchar contra la
corrupción y exigir rendición de cuentas; narraron actos de humillación
pública y la intervención de sus propias familias hasta lograr su
renuncia y la habilitación de sus respectivos suplentes (varones).
La visibilización del problema fue posible gracias a la gestión de la
naciente Asociación de Concejalas (hoy Acobol), la articulación plural
de mujeres en torno al Foro Político de Mujeres, cuyas diputadas
actuaron al extremo de confrontar a sus propios compañeros de partidos.
Ese año se encendieron las luces rojas. Los avances inclusivos
provocaron la resistencia a la participación de las mujeres antes
ausentes. Se desnudó la persistencia de una dinámica política
“machista”, relaciones de poder desigual y barreras, más o menos
visibles, en el entramado del tejido institucional de la política formal
e informal predominantemente masculina.
Desde entonces Bolivia se convirtió en el primer país en América Latina
en documentar casos de acoso y violencia contra mujeres políticamente
activas y en posicionar esta problemática en la agenda internacional
prodefensa de los derechos políticos y la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. A la par de acciones de la ONU y la OEA, la
problemática se globaliza bajo diversas iniciativas.
Hoy se evidencia que esta violencia desincentiva la participación
política de las mujeres, viola su dignidad y socava la democracia,
siendo un obstáculo para el fortalecimiento de sociedades igualitarias y
no discriminadoras. Paradójica y lastimosamente, Bolivia ya no tiene
razones para presumir su condición de pionera en el desarrollo eficiente
de políticas y acciones en este campo.
La impunidad, la debilidad y aislamiento de instituciones que debieran
impulsarlas, la crisis judicial que toca fondo, la violencia en la
retórica política cotidiana entre bloques políticos, sumadas a la
intolerancia e incapacidad de dirimir conflictos y las diferencias
dentro, y entre los partidos, conducen a la mera instrumentalización de
la ley pulverizando el sentido y los fines que la inspiraron.
Sobran casos de su manoseo. Basta mencionar, el juicio por acoso
planteado por Felipa Huanca (exdirigente y candidata a la gobernación
del MAS) contra un diputado opositor, también indígena, que ejerció su
atribución fiscalizadora, basado en un informe oficial de la Contraloría
activado en el caso de corrupción del Fondo Indígena, que señalaba a
Huanca como una de las involucradas en este bullado caso. Fue el momento
para desterrar la idea esencialista que proclamaba a mujeres e
indígenas como la reserva moral de la humanidad, la política y el
proceso de cambio.
Insisto en que, como mujeres no debemos tener una mirada complaciente
respecto a los avances y leyes convertidas en papel mojado. No ayuda
eludir responsabilidades políticas al encubrirlas o justificarlas a
partir de la victimización argumentando acoso, violencia, disciplina
partidaria y, lo que es peor, inexperiencia. Posiciones acríticas en un
contexto de polarización desvirtúan nuestras conquistas.
Erika Brockmann Quiroga es polítóloga y fue parlamentaria.