A través de los medios el país conoce que el sábado 2 de marzo de 2019, los cocaleros de San Rafael del Chapare ayudaron a una avioneta -presumible droga- a despegar y fueron sorprendidos por fuerzas policiales antinarcóticos. Los cocaleros rodearon amenazantes y dispararon contra estas fuerzas policiales, dejando un muerto, dos policías gravemente heridos y uno en riesgo de perder un brazo, estos hechos demuestran la existencia de territorios controlados por grupos que defienden acciones ilegales y se evidencia la complicidad entre productores de coca y el narcotráfico en el trópico cochabambino, donde impera la fuerza cocalera y el narcotráfico, esta es LA LEY. Este hecho deriva del origen “constitucional” del Art. 384 de la CPE que expresa: “El Estado protege a la coca originaria ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización regirá mediante ley”; sin embargo, y, a este efecto, la Ley General de la Coca, es inconstitucional, porque la coca del Chapare No Es originaria ancestral. La Ley beneficia a los cocaleros del Chapare, establece 22.000 Ha de coca, de las cuales 14.220 son de los Yungas y 7.700 del trópico de Cochabamba. La Ley 1.008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas solo permitía 12.000 Ha en territorio paceño y consideraba ilegal la producción en Chapare porque no es ancestral, sin embargo se promueve más plantaciones de coca, que según la UNDIOC, durante el periodo del MAS, se cuenta con 26 mil hectáreas, promedio.

Estudiosos aseguran que los cocaleros lograron generar, entre el 2006 y 2015, aproximadamente unos 320 millones de $us anuales, lo que significa que en los 13 años del Gobierno de Morales la cifra es muy similar a la que maneja la agroindustria cruceña. Existen unos 70 mil productores de coca registrados, de los cuales 40.000 corresponden al Chapare y solo 30.000 a los Yungas, pero aquellos tienen control de precios, atienden la demanda y no pagan impuestos. Según el detenido presidente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez: “del Chapare todos saben que la producción de coca no va al consumo tradicional, no va al masticado”. En el Chapare, la Policía Antidroga decomisó en 2017 más de 17 Tn de cocaína y 214 de marihuana en 10.000 operativos, con un impacto de 189 millones de $us. y en 2018 con 173 Tn. En el primer semestre, en casi 7.000 operaciones policiales fueron incautadas 164 Tn. de marihuana, 6,82 de pasta de cocaína y 2,86 de clorhidrato de cocaína, se ha aprehendido a 1.976 personas, destruido 664 fábricas y 15 laboratorios de cristalización de droga. Con unas 23.100 hectáreas plantadas. Bolivia es el tercer productor mundial de coca, después de Colombia y Perú, según datos certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) al 2018. En la actualidad el gobierno anunció que construirá una base policial militar de control al narcotráfico en los Yungas de La Paz y, extrañamente, no en el Chapare.

Mientras tanto, Tariquía, Reserva Natural Nacional de Flora y Fauna, ubicada en el departamento de Tarija, creada un 2 de agosto de 1989, con base legal del D.S. N° 22277 y bajo Ley N° 1328 del 23 de abril de 1.992, cuyo objetivo es conservar la biodiversidad del ecosistema de Yungas Andinos (Bosque Nublado) y de sus funciones ecológicas como la producción y purificación de agua de los ríos Bermejo y Grande de Tarija, además de sus funciones económicas, es en la actualidad intervenida por fuerzas policiales que protegen a las empresas petroleras que intervienen en procesos de exploración y futura explotación, rompiendo las barricadas formadas por pobladores del lugar que luchan contra este brutal intervencionismo del gobierno del MAS, desesperado por encontrar nuevos pozos de producción ante la declinación de la producción hidrocarburifera para cumplir con los contratos con Brasil y Argentina por efecto de la sobreexplotación de los pozos en producción, lo que demuestra que en 13 años de “nacionalización de YPFB y de los recursos naturales”, el rentismo petrolero llega a su fin y esta debacle prevista, hace exasperar al gobierno que en su discurso internacional grita a los cuatro vientos que seriamos el “centro energético del continente”, falacia que lo lleva a accionar lo que Bolivia quiere olvidar: la brutalidad de los organismos del orden volcados servilmente a pisotear inmisericordemente al pueblo para satisfacer al tirano, como en las peores épocas de dictaduras de los 70’ y 80’, masacres que el pueblo no quiere retornen cómo aquellos oscuros días de luto y dolor.

Hablar hoy de los pueblos indígenas en América Latina en el Siglo XXI es remitirnos a una paradoja: cuantos mayores derechos están vigentes y son reconocidos, no solo por instrumentos jurídicos internacionales sino también por constituciones nacionales especialmente la boliviana, mayores son las vulneraciones a esos derechos, esta es la conclusión a la que arribamos luego de las acciones gubernamentales respecto la caminata de la Nación Qhara Qhara, reforzada por originarios de otras naciones indígenas, pueblos y comunidades de tierras altas y bajas, que busca el mismo objetivo que llevó a marchar por el Tipnis: lograr respeto a su territorio y al resto de derechos consagrados en la actual Constitución Política del Estado. Un objetivo del oficialismo tras las marchas del Tipnis fue debilitar a las organizaciones indígenas dividiéndolas, factor que ha facilitado el ingreso a sus territorios con proyectos extractivistas para ganancia de otros, en este caso de los denominados “interculturales” que han avasallado tierras comunitarias de origen y que han sido titulados por el INRA, bajo el pretexto de que en la nueva CPE todos son “indígenas originarios campesinos”, nuevo concepto ininteligible, que borra de un plumazo las diferencias antropológicas, sociológicas, étnicas e históricas de los pobladores rurales del país que, bajo directrices políticas han invadido las anteriores denominadas TCO’s que estaban destinadas en su titulación para los primeros pueblos, es decir a los históricamente llamados indígenas de tierras bajas. En la Asamblea Constituyente que parió la vigente CPE, se acuña el concepto de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), que hace desparecer de la clasificación de tipos de propiedad la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Es decir, el gobierno del MAS vuelve a poner en vigencia la Ley de exvinculación de 1866 impuesta por Melgarejo. El INRA, desde el año 2011, como castigo y revancha hacia indígenas del TIPNIS favorece a sindicatos de la CSUTCB e interculturales, inmoviliza la titulación de TIOC (Tierras Indígenas Originarias Comunitarias) y prioriza la titulación individual, por ello a la fecha todos los territorios indígenas sufren el asedio, invasión y usurpación de sus derechos territoriales: Guarayos, en San Miguel de Velasco, en Iturralde, en Charagua, en Tariquia, en el TIPNIS y Qhara Qhara, Pacajis y otros, el Gobierno promueve a los campesinos e interculturales para que asedien, se asienten y cercenen ilegalmente a las ex TCO’s.

Finalmente, entre Chapare, Tariquía y la nación Qhara Qhara, se da la paradoja que los indígenas que aportaron para construir el actual “Estado Plurinacional” sufren el desprecio de un gobierno antiindígena. Todos ellos, antes del proceso de cambio, estaban respaldados y vigentes por Ley, en la actualidad el nuevo melgarejismo, aplica “otras leyes” (DS 2366 de 2015 que vulnera los derechos y los esfuerzos por mantener las zona de protección ecológica, y reduce a un simple trámite administrativo el proceso de consulta a los pueblos indígenas para actividades petroleras como el DS 2298 de 2015, que fue antecedido por el de otorgación de compensación por impactos ambientales en TCO’s, DS 2195 de 2014) para imponer su avasallamiento, depredación extractivista y el favorecimiento político partidario con el único fin de la eternización en el poder de una sigla partidaria y de su dueño, dejando de lado el respeto a la Madre Tierra, la Ley del Medio Ambiente, las de protección a las Áreas Protegidas y otros Santuarios Naturales. Réquiem a la Pachamama.