A inicios de mes, varios legisladores de la oposición y dirigentes de grupos ciudadanos enviaron un documento al presidente de EEUU, Donald Trump, para que intervenga en asuntos internos de la democracia en el país.

Ante la indignación que generó en Bolivia la actitud de los opositores, otra de las corrientes de la derecha hizo un gesto público para desmarcarse (vía Twitter), mientras que Amílcar Barral (diputado de Unidad Nacional), uno de los firmantes, dijo que analizará, junto a sus colegas diputados y senadores, retirar su firma de la carta. 

Ese documento fue remitido a la senadora Carmen Eva Gonzales, informó Cira Castro, una de las diputadas que firmó la misiva, según el periódico Página Siete, que dio cuenta de que después “intervino la consultora Dark Horse Political, uno de los nexos entre la oposición boliviana y autoridades estadounidenses”. 

“La consultora estadounidense tiene relación con los opositores bolivianos, pues fue la que gestionó el envío de una misiva al presidente Donald Trump”, indicó el impreso.

Dark Horse Political tiene como presidente a Christopher Gergen, quien es el esposo de la boliviana Eva Sara Landau, que ejerce la vicepresidencia de esa empresa consultora y que además cofundó la organización Latinas para Trump en el sur de la Florida. 

Landau, exdirigente del Comité Cívico pro Santa Cruz, acérrima opositora del Gobierno y declarada “partidaria incondicional del presidente Trump”, fue quien tradujo el documento al inglés y reenvió la misiva a otras autoridades estadounidenses, agrega el medio de difusión.
Toda esta oscura trama fue condenada por varios sectores políticos, institucionales, ciudadanos y dirigentes de las organizaciones sociales.

Por ejemplo, Henry Nina, secretario general de los interculturales, dijo que los firmantes de la misiva deberían ser acusados de traición a la patria.

El dirigente recordó que esos legisladores fueron elegidos democráticamente y juraron defender la patria, pero con esas acciones no lo están haciendo, por lo “que por respeto a los bolivianos deberían renunciar”.

En esa línea, el presidente Evo Morales sostuvo ayer que  “quienes hemos ido al cuartel hemos aprendido a defender la patria, y pedir una intervención extranjera es traición a la patria”. 

La Constitución Política del Estado (CPE) establece en el artículo 124  que “comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos: (...) se ponga al servicio de Estados extranjeros participantes”. 

La Carta Magna añade que el delito de traición a la patria “merecerá la máxima sanción penal”.

Al respecto, el Código Penal agrega en su artículo referido a traición y al sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero que “el que realizare los actos previstos en el artículo anterior, tendientes a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad, será sancionado con treinta años de presidio”.

Para el mandatario boliviano, la derecha solo busca el retorno de un “gobierno de castas, gobierno de oligarquías, gobierno de pequeños grupos sin ningún plan”, para que otra vez las transnacionales petroleras se adueñen de los recursos naturales de Bolivia y se instalen bases militares norteamericanas.