La  pasada semana, varias legisladoras del oficialismo y oposición conminaron al magistrado a dejar su cargo, tras haber sido denunciado el pasado 10 de marzo por violencia intrafamiliar.

“Interpongo denuncia por Juicio de Responsabilidades contra el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Orlando Ceballos Acuña, por delitos cometidos en el ejercicio de funciones, vulneración de garantías, derechos fundamentales y Convencionalidad”, indica la denuncia presentada por Rivero ante la presidencia de la Cámara de Diputados.

Rivero  también sostiene que Ceballos vulneró las normas que garantizan a las mujeres una vida libre de violencia y exige la destitución del magistrado en aplicación a lo que establece el artículo 114 de la Constitución Política del Estado, que indica que los servidores públicos o las autoridades que apliquen, instiguen o consientan cualquier forma de violencia física o moral serán destituidos de su cargo. 

“¿Cómo podrían las mujeres bolivianas acceder a justicia, si es el propio garante el que incumple las garantías, los derechos, los principios de su función y los compromisos en materia de derechos humanos ratificados y asumidos por el  Estado Plurinacional de Bolivia?”, cuestiona la diputada.

Al respecto, el presidente de la Cámara de diputados, Víctor Borda, informó que la denuncia se remitirá a la Comisión de Justicia Plural, para que en esa instancia se analice si corresponde o no una acusación.

“Ha sido presentada una denuncia por la diputada Susana Rivero en contra de Orlando Ceballos, interponiendo un juicio de responsabilidades por los delitos de incumplimiento de deberes. La denuncia como establece el reglamento de Diputados será remitida a la Comisión de Justicia”, dijo Borda.

Asimismo, el  juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Gary Bracamonte, declaró infundada la solicitud de extinción de la acción penal contra el magistrado Ceballos y resolvió que se  debe continuar con la investigación.

  “Se ha desestimado la solicitud de extinción de la acción penal, porque la solicitud no cumplía con los requisitos que establece la norma legal y la propia Constitución Política del Estado en cuanto a la extinción de la acción penal”, señaló.

En la  denuncia, la esposa de Ceballos indicó que fue víctima de constantes maltratos físicos y psicológicos desde el inicio de su matrimonio, y que  las agresiones fueron cometidas cuando el magistrado estaba sobrio.

El certificado médico forense  establecía un impedimento de siete días para ella, debido a los hematomas que presentaba. La mujer denunció haber sido agredida por reclamar al magistrado por un viaje que hizo.

“La reacción de mi esposo fue violenta, dándome golpes de puño en la cara,  ocasionándome un daño en el ojo izquierdo. Me  dio golpes en el brazo izquierdo, en la espalda me dio varios golpes, empujándome hacia los vestidores y me dio una patada en la cintura baja”, señala su declaración, que consta en la denuncia.

La Defensora del Pueblo y más de 60 organizaciones de la sociedad civil también pidieron la renuncia del magistrado.