Los entrevistados no quisieron dar a conocer sus nombres por temor a la persecución y las amenazas constantes de las partes que exigen la ejecución del proyecto a pesar que la postura de los comunarios es rechazar la construcción de la planta hidroeléctrica en Rositas.

Tariquía no es la única reserva nacional que es vulnerada por proyectos del Gobierno Nacional. Según los datos del Servicio Nacional de Parques Nacionales (Sernap), en Bolivia existen 22 parques nacionales y 60 áreas protegidas de alcance regional. Sin embargo, en toda la extensión del territorio boliviano, se aprobaron licencias ambientales que permiten el ingreso de instituciones que realizarán proyectos de impacto para las comunidades internas, la biodiversidad y el ecosistema.

El proyecto de la hidroeléctrica Rositas es un punto referencial para el proceso que transitan los comunarios de Tariquía. Este proyecto involucra una zona de impacto de tres áreas protegidas que pertenecen a la cuenca del Río Grande y tendrán una afectación de 50.000 hectáreas en la zona de impacto con 13 comunidades en su interior. Parque del Iñao, Valles Cruceños y Parabano, son estas reservas nacionales.

La explotación de hidrocarburos es uno de los objetivos para ingresar a este tipo de áreas, pero también la construcción de hidroeléctricas, los asentamientos ilegales, la deforestación de bosques y la colonización de tierras.

Acuerdos incumplidos

Los pobladores de la zona protegida del departamento vecino también invitaron a los responsables del Gobierno a través del Ministerio de Energía y la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) a reunirse con el Comité de Defensa de Rositas, pero los resultados no fueron favorables para los comunarios y los actos siguientes son símiles a las acciones que emplea el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Tarija con la situación de Tariquía.

Los comunarios de Rositas también tuvieron que cercar los pasos para impedir el ingreso de Ende porque manifestaron que no se realizó la consulta previa como lo dictamina la normativa, sino a conveniencia para la ejecución de la hidroeléctrica.

Consultas direccionadas

“No hubo una consulta previa libre e informada y tampoco se nos informó tendríamos que ser desplazados, porque el área quedaría completamente inundada bajo noventa metros de agua todas las comunidades”, informó una de las fuentes al igual que indicó en reiteradas ocasiones la vicepresidenta del Comité de Defensa por Tariquía (habitante de Pampa Redonda), Yenny Mesa, cuando dijo que “los representantes del Ministerio (de Hidrocarburos) llegaron y no dijeron que estábamos firmando una consulta, sino estábamos firmando para el refrigerio que se recibió”.

Amenazas

Yenny Mesa es comunaria de Pampa Redonda, una de las comunidades que se opone a los proyectos de Domo Oso X1 y Domo Oso X2 que no está dentro del área de influencia según el Plan de Manejo de Impacto Ambiental que aprobó el Gobierno Nacional “entre sombras” para los pobladores, también recibió amedrentamientos y amenazas contra su persona y contra su familia por parte de otros comunarios que defienden la postura del Ministerio de Hidrocarburos y de las empresas petroleras.

El periódico El País se comunicó con representantes de los comunarios de Rositas, quienes prefirieron mantener sus identidades en reserva por el amedrentamiento que sufren por parte del Gobierno Nacional, e identificaron un modo de obrar similar que emplea el Estado cuando se propone “avasallar las áreas protegidas por la Constitución Política del Estado (CPE) y demás normativas”.

Áreas protegidas son lesas por el Gobierno

Tariquía

La biodiversidad de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía es amenazada por el proyecto de exploración y explotación hidrocarburífera San Telmo Norte dirigido por empresas petroleras y el Gobierno Nacional, según el Comité de Defensa del área protegida.

Rositas

El proyecto de la construcción de la hidroeléctrica Rositas en tres áreas protegidas de Santa Cruz afectará a 500 familias de 14 comunidades de Valle Grande. Los comunarios denunciaron que la consulta previa que realizó el Gobierno no está de acuerdo con los requisitos de las leyes.