El diputado Rafael Quispe resalta que el oficialismo cuenta con un voto duro, que difícilmente va a restarle apoyo; sin embargo, asegura que puede verse afectado por el grupo que todavía no se definen. “Esa gente indecisa, que hay un bolsón del 25%, es el que se le puede volcar, por eso es que al Gobierno no le conviene que se sepa antes de las elecciones que este fue un caso montado”, remarcó.

Quispe cree que esto caso se armó frente a la organización de líderes de la medialuna que tomaron notoriedad. Además, está convencido de que es el mismo modus operandi que ha utilizado el Gobierno para descabezar a los opositores como sucedió en Porvenir, Chaparina, La Calancha, Achacachi, Yungas, y otros.

Por su parte, Waldo Albarracín, miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) sostiene que el Gobierno no quiere cerrar este caso porque no tiene justificación de lo sucedido en el hotel Las Américas. “Mantienen el caso abierto, porque no están dispuestos a reconocer que hubo un abuso de poder”.

Para Albarracín este caso ha dejado de tener notoriedad con los años, por lo que la opinión pública no lo usa como parámetro para medir al Gobierno. “En términos de apoyo electoral no le afecta”, consideró.

Mientras que para el analista y candidato a vicepresidente por MNR, Fernando Untoja, el oficialismo se ha servido de este hecho para justificar y mostrar políticamente que Bolivia estuvo por dividirse, pese a que eso es falso. “Les ha servido en ese momento como agitación, ahora no le es útil porque no han podido demostrar lo que sustentan. Se va a inflar este problema contra el MAS", argumentó, aunque aclaró que para que le afecte o no al partido de gobierno dependerá de cómo se mueva la oposición.

Desde el oficialismo

Por su parte, el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Édgar Montaño, resalta que los hechos presentados corroboraron que se quiso dividir el país, pero “la chicana jurídica ha tardado estos diez años”.

También dijo que lamentablemente el ex fiscal Marcelo Soza, liberó a algunos que estaban más implicados en la “división del país", y acusó a otros que no participaron, y “por eso tiene que responder ante la justicia”.

Montaño descartó que este caso sea utilizado electoralmente por el partido de Gobierno, porque indicó que no es grato ver a gente enferma estar pidiendo audiencias para poder cesar su detención. “Desde mi punto de vista, nos resta este tema (caso terrorismo) pero no manejamos nosotros la justicia, son órganos independientes y pedimos celeridad en este tema”, concluyó el diputado masista.