“Realmente indigna la actitud de algunos representantes nacionales de la oposición política que parecen actuar en su contra con semejante acto de indignidad. Empero si bien merece toda condena su actitud, no procede proceso en la Comisión de Ética de la ALP”, dijo la autoridad.

Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, arremetió contra los parlamentarios opositores calificando su acción como “ruin” y detestable. Es más, dijo que esa carta es parte del programa de gobierno de la oposición que pretende abrir las puertas para un intervención estadounidense.

El 1 de abril, los diputados opositores mediante una nota dirigida al presidente estadounidenese pidieron que “interceda” en América Latina, aunque el MAS interpreta que es una petición de “intervención”, con el objetivo de evitar que Morales sea candidato en los comicios de octubre.

Los 12 legisladores que firmaron la carta son: Carmen Eva Gonzales, Norma Piérola, Susana Campos, Amilcar Barral, Cira Castro, Enrique Siles, Agustín Condori, Yeimi Pena, Rodrigo Valdivia, María Eugenia Calcina, Reina Isabel Villca y Édgar Rendón.

La pasada semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, anunció que sus colegas de oposición serían enviados a la Comisión de Ética por pedir al Gobierno estadounidense que “intervenga” en Bolivia, porque se constituye en un atentado a la soberanía nacional.

Los opositores argumentaron que no solicitaron la “intervención” norteamericana, sino que el mandatario de EEUU “interceda” para evitar la violación del referéndum del 21 de febrero de 2016, proceso en el que la ciudadanía rechazó la repostulación del Presidente y Vicepresidente en las elecciones de 2019.

No obstante, esos resultados, los mandatarios amparándose en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional volverán a ser candidatos en los comicios, bajo el argumento que no se modificó el artículo 168 de la Constitución Política del Estado.

Para la oposición, la candidatura de Morales y Álvaro García Linera es “ilegal” e “ilegítima”, porque desconoce la voluntad del pueblo que se tradujo en el referéndum del 21F.