Con el escenario electoral configurado, el masismo ha pisado el acelerador a fondo para desplegar sus estrategias envolventes y prácticas corporativistas con dos objetivos internos claros: mantener a sus aliados políticos contentos y generar una sensación de estabilidad política en sus filas.

Hacia afuera, desean dar la impresión de ser democráticos, por tanto han creado un globo de ensayo poniendo a Manuel Canelas como vocero del gobierno, quien intenta darle una tónica no beligerante al MAS, cuando la característica principal de su política de siempre ha sido la confrontación y la instigación al odio entre bolivianos.

También hacia afuera, desean convencer que han hecho “un buen trabajo” y seducir a nuevos votantes mostrando, como dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sus grandes logros para, suponemos, aplacar en algo su desidia con temas vitales como la salud, la educación, la justicia, o los hechos de violencia contra defensores de la democracia y de derechos humanos, la flagrante vulneración de la Constitución Política del Estado y la persecución política a opositores a través de la judicialización de la política.

Es un hecho constatado que todo cuanto se vea en la campaña del MAS tiene un solo objetivo: prorrogarse inconstitucionalmente en el poder. Y en ese afán prorroguista  apuesta al “propagandismo” millonario con recursos que no son de su partido, sino del pueblo boliviano que paga impuestos, han decidido poner su mejor cara con cada sector y utilizar todo cuanto fuere parte del Estado (no del MAS) para lograrlo.

Debemos ser claros, la de octubre no es una contienda electoral justa por varias razones: primero, porque el MAS parte vulnerando la Constitución Política del Estado a diferencia de los otros partidos políticos que tuvieron que cumplir con todas las exigencias constitucionales y legales habilitantes. Segundo, porque el punto de partida para los dos partidos fuertes (MAS y CC) no es el mismo, el primero ha hecho campaña durante más de 13 años y el segundo recién comienza su labor.

Tercero, existe una evidente desventaja económica entre ambos, el MAS usa y abusa de los recursos públicos, así como de los de sus militantes/funcionarios que tienen la “obligación voluntaria” de apoyar el proceso. Cuarto, el MAS cuenta con el control absoluto de los órganos del Estado, entre los que se encuentra el árbitro de las elecciones (Órgano Electoral Plurinacional).

En resumen, es una batalla absolutamente desigual, como la que libró David contra Goliat, en la que se observa a un líder ciudadano que lucha contra el gigante filisteo que se ha burlado día y noche del pueblo durante 40 días con sus noches, en nuestro caso ha sido por más de 13 años.

Otro rasgo de la campaña masista es el ataque; desde que se vio la posible participación del exvocero marítimo en las elecciones, el MAS ha utilizado la justicia para tratar de parar esa emergencia política y lo ha hecho con todo: casos inventados como el de Quiborax, acusaciones irresponsables como la de la diputada Susana Rivero, por ejemplo. Debido a que reconocen en Carlos Mesa a un real contendor, el único que tiene un liderazgo fuerte apoyado por la ciudadanía con oportunidad clara de ganar las elecciones de octubre.

 Pero desde que su estrategia de ataque asume un giro “democrático”, utilizan a terceros para su fin; ahí vemos a Óscar Ortiz de Demócratas, o a diputados de “oposición” que se han prestado fácilmente a los fines del masismo disfrazados en un increíble papel de “fiscalizadores”, pero la ciudadanía ha repudiado ese triste rol y se ha percatado de la máscara y del trasfondo del asunto.

Si partimos de esta constatación; de lo injusta, ventajista y bravucona que es esta guerra electoral por la defensa de la democracia; comprenderemos la magnitud del reto aceptado y la calidad de liderazgo que se precisa para afrontarlo. Un nuevo liderazgo para un nuevo tiempo, en el que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos un rol principal: actuar y decidir por el bien mayor que es, sin duda, el respeto a la democracia, a los derechos humanos y las libertades constitucionales. Aceptar el status quo que propone el MAS será renunciar a la posibilidad de ser mejores.