“Se ha presentado la proposición acusatoria a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y en tres días debe dar una resolución para que esta solicitud pase a la Comisión de Justicia Plural, la que debe analizar los documentos para que el caso sea enviado al Ministerio Público”, explicó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Luis Felipe Dorado.

La demanda es contra los extribunos Macario Lahor Cortez Chávez, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Rudy Flores, Juan Osvaldo Valencia Alvarado y Neldy Virginia Andrade Martínez, quienes firmaron la sentencia 084/2017 que habilita al presidente Evo Morales la repostulación indefinida.

El pasado 28 de noviembre del 2017, los exmagistrados del TCP emitieron un fallo mediante el cual habilitan al jefe de Estado a dicha reelección, sobre la base de la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde desconoce la CPE y los resultados del Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016.

DEMANDA

En la proposición acusatoria se hace referencia a la sentencia 0996/2017, del 25 de septiembre del 2017, donde cita el fallo constitucional 084/2017 que habilitó a Evo Morales a la reelección indefinida, dos meses antes de que este sea publicado, incluso antes de que la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta sea admitida por el Tribunal. Sólo se tomó en cuenta que el recurso fue presentado el 18 de septiembre por los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS).

El TCP admitió el recurso que presentó el MAS el 28 de septiembre de la pasada gestión, sobre la base a todos estos antecedentes es que se elaboró la proposición, con la finalidad de que los autores sean sometidos a un proceso penal.

“Esperemos que estos actos sean procesados en la Cámara de Diputados, para dar a un juicio de responsabilidades contra estos exmagistrados (…). Corresponden estas acciones en su contra porque se encontraron irregularidades durante el ejercicio de sus funciones”, explicó el legislador.

PROCESO PENAL

El artículo 3 de la Ley 612, de “Modificación a la 044 de Juzgamiento al Presidente, Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público”, establece que en caso de que hayan renunciado a su cargo o concluido su gestión, los casos quedarán archivados en el proceso contra estas autoridades.

En aplicación de esta norma, el diputado de la alianza de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, indicó que también presentarán una demanda en contra de los ex magistrados del TCP, pero en este caso será una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

“Hemos decidido impulsar una acción penal, no un juicio de responsabilidades, porque la ley 612 estableció que cuando renuncien a su cargo o concluyan su gestión la causa se extinguirá, por lo tanto no corresponde un juicio de responsabilidades. Vamos a impulsar una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado contra los exmagistrados, por resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato”, explicó.