Más allá de consideraciones de orden político, ideológico, e incluso legal, se trata de un vergonzoso acto de sometimiento de senadores y diputados bolivianos al gobierno de otro país. No importa a qué presidente acudieron. Lo grave es que lo hicieron.

Al respecto, nuestro país tiene trazada la columna vertebral de su trato con los demás países del mundo en la segunda parte de la Constitución Política del Estado (CPE), referida a la estructura y organización funcional, y concretamente en el título VIII que lleva el título de “Relaciones internacionales, fronteras, integración y reivindicación marítima”. Allí se encuentra el artículo 255 que en su parágrafo segundo señala que “la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de: / 1. Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos internos y solución pacífica de los conflictos”.

Si nos atenemos solo a ese artículo, entenderemos que los parlamentarios que enviaron la carta atentaron contra dicho precepto, concretamente con la parte que refiere la “no intervención en asuntos internos”. Al pedir, textualmente, que el presidente Trump “intervenga ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la misma se pronuncie ante la Comunidad internacional”, no solo le están pidiendo que se entrometa en un asunto interno del país, violando la CPE, sino que, además, le piden que ejerza influencia directa en un organismo multinacional como es la OEA y que técnicamente debe gozar de independencia respecto a cualquiera de sus países miembros.

A partir de ahí, es racional que los firmantes de la misiva sean remitidos a sus respectivas comisiones de ética, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores, con el fin de que estas establezcan si esta flagrante violación constitucional amerita algún tipo de sanción. Desde luego, el hecho de que esas comisiones tengan mayoría oficialista hace dudar de la imparcialidad de sus decisiones.

Pero, al margen de las dudas, es preciso apuntar que, irónicamente, la carta que viola la constitución boliviana hace referencia a la violación constitucional en la que incurren el presidente y vicepresidente de Bolivia. Recuerda que “el período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua” y ese es, como se sabe, el texto del artículo 168 de nuestra Carta Magna, el que es sistemáticamente violado a partir del momento en que Evo Morales y Álvaro García se inscribieron como candidatos a una reelección que, como se ve, es inconstitucional.

El oficialismo ya ha reaccionado en contra de los firmantes de la carta a Trump, el presidente de Diputados anunció que serán denunciados ante las comisiones de ética y el presidente Morales los fustigó públicamente. En un acto realizado en Tarija dijo que “la derecha boliviana tiene miedo y ahora pide la intervención del presidente de Estados Unidos. Vergüenza. Imagínense… saben que vamos a ganar, pero como no pueden, acuden a Trump”.

El presidente tiene razón al criticarlos pero debe entender que el problema de fondo no es que se tema un nuevo triunfo electoral de su parte sino que, por mandato de la constitución, no puede ni debe participar en el acto eleccionario convocado para octubre.