Ese Poder Electoral fue suprimido y a excepción de las Constituciones de 1831 y 1834 que establecieron Juntas Electorales de Parroquia para elegir a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, todas las posteriores dieron a los ciudadanos esa facultad mediante ejercicio del voto directo.  

La actual Constitución creó un sometido Órgano Electoral que no es “electoral”, pues no elige a ninguna de las autoridades. Por tal razón carece de sentido la decisión de rango constitucional que igualó en jerarquía a dicho órgano a los tres únicos genuinos Poderes creados para  funciones de Gobierno.

Para garantizar actuación imparcial debe establecerse en su reemplazo un Comité Nacional conformado por cinco delegados designados por los Partidos Políticos con mayor número de sufragios.

El mencionado Comité cumplirá su deber  para organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales mediante servicios de las Oficinas Departamentales del Registro Civil que hoy, con la inadecuada denominación de “Tribunales Departamentales Electorales”, tienen a su cargo la custodia de los documentos que dan constancia de  nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones. 

Con destino a la autoridades del Poder Ejecutivo y del Legislativo, las agrupaciones políticas registrarán ante cada Oficina Departamental del Registro Civil las nóminas de sus candidatos. Procederán de igual modo respecto a los candidatos para Gobiernos Departamentales y Municipios.

Respecto al Poder Judicial, se deberá despojar al Poder Legislativo de la facultad de intervenir en fase alguna concerniente a la postulación pertinente.  A ese propósito se conformarán en cada Capital de Departamento Comisiones de Calificación de Méritos integradas por profesionales de las ciencias jurídicas y representantes de otros sectores de la ciudadanía, que pasarán nóminas de los seleccionados a las respectivas Oficinas del Registro Civil.