Cuando surgió la idea, la misma "establecía" que de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, todos los medios de comunicación están obligados a difundir propaganda política de forma gratuita para que la población "conozca los programas electorales", incluyendo además una condición de que cada medio disponga un aviso extraordinario más en la misma proporción del originalmente instruido. Por ejemplo en el caso de medios impresos, por una página ordenada atrabiliariamente, el medio debía disponer otra igualmente gratuita.

Lo máximo del abuso, algo inédito en función de campañas electorales, nada como lo sugerido se conoce en otras latitudes, ni siquiera en aquellas en las que prima el autoritarismo pleno y se impone la "ley de la fuerza", dictaduras y menosprecio a los derechos humanos.

Pero sucede en nuestro país, donde además ya se comete el abuso de ordenar a todos los medios privados la difusión de avisos gubernamentales de forma gratuita, lo que implica una pérdida económica a las empresas y la imposibilidad de recuperar ni siquiera medianamente esos costos de "avisos oficiales" que repetidamente deben ser publicados o emitidos, que el asunto se agrava cuando además desde el Ministerio de Comunicación se limita o directamente se elimina la contratación de avisos "estatales", en los medios privados, especialmente aquellos que no "están en la línea de compromiso con el Gobierno".

Ejecutivos de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) califican el hecho como una "aberración sin parangón" el que se obligue a los medios a "costear" las campañas de los partidos políticos, sin tomar en cuenta que ese proceso debería corresponder a la libre decisión de los políticos para contratar servicios en los medios que consideren preferenciales por "mayor circulación o mayor audiencia", un elemento de la importancia de cada medio.

Se tomó como referencia lo que ocurre en otros países, en que todos los medios disponen de "franjas de propaganda" en tiempo de elecciones, pero se aclaró que los mismos no son gratuitos y los costos son parte de presupuestos de los organismos electorales. Por lo mismo no hay ningún ejemplo en el que se obligue a los medios privados a "regalar propaganda a los partidos políticos".

Hay que aclarar puntualmente que el problema se encuentra en "cierto nivel de observación" por parte de las autoridades gubernamentales del área respectiva y que si bien mencionan que algunas normas contenidas en la Ley de Organizaciones Políticas deberán cumplirse, también se reconocerán derechos que tienen las empresas en general, pues en nuestro país nadie está obligado a trabajar gratuitamente y menos a disponer "donaciones" del producto que realiza". En el caso de los medios de comunicación, estos producen información y la divulgan gratuitamente, pero venden espacios de propaganda y publicidad, que es el medio que les permite subsistir libremente y sin compromisos subalternos. 

De momento el asunto está pendiente de ejecución, ha sido rechazado hasta por los propios partidos y elementalmente no podría aplicarse simplemente por respeto a las normas constitucionales, al sector empresarial y en este caso expresamente para evitar una afrenta irracional contra la libertad de expresión y la democracia.