Pero, actualmente nos encontramos ante nuevas formas impuras sofisticadas de gobierno: la administración discrecional que genera autoritarismo y el caudillismo usurpador y megalómano que se implica en corrupción descomunal, expansión del narcotráfico con cobertura sospechosa, al burlar las mafias delincuencias los sistemas de radares y qué decir de los controles sociales, que más propiamente deberían llamarse asociaciones sociales emparentadas con las confabulaciones de la droga. Recordemos el episodio último del Chapare donde bandas de la droga eliminaron a efectivos militares ¿a esto se llama autocontrol de lucha contra el narcotráfico modelo efectivo para ser importado a Perú y Colombia?

Un ejecutivo dogmático y hegemónico siempre ha de ser  visceral en sus determinaciones y contará con la certeza de ser los únicos milagrosos de una economía de bienestar social, incomparable en su género y de transformar el Estado con nuevas instituciones y remedos de reformas normativas que en lugar de generar fuentes de empleo, incrementan la delincuencia, especialmente: el narcotráfico, la violencia de género, la corrupción y hasta la degradación moral. Todo ese conjunto de desaciertos hormonales y sin un norte que vislumbre mejor horizonte, lleva la firma y rúbrica de los actuales gobernantes, -inmunes hoy en sus casi 14 años de despilfarro-, pero con la conciencia de una sociedad que mañana reasumirá su función de –juez colectivo- y sabrá decidir con firmeza el prontuario de responsabilidades que se merecen.

 Emergente del proceso de cambio-corrupción, es la creación de la Unidad  Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico (UELICN), dependiente del Ministro de Gobierno Carlos Romero, que gracias a la fiscalización de la diputada Susana Sandoval de UD., han sido detenidas preventivamente tres personas de alto rango y se supone de confianza del Ministro por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, con base en informes de auditoría que desde el 2013, 2014 y 2015 beneficiaron irregularmente con contratos a la Empresa Horizontes, que contaba con un año de constitución y con un capital que no superaba ni el millón de dólares; sin embargo fueron 42 contratos que se les adjudicó por el orden de 12 millones de dólares. No será extraño que de aquí a poco tiempo, las imputadas sean puestas en libertad como ocurrió con Nemesia Achacollo (Caso FONDIOC que Ramiro Guerrero antes de dejar la Fiscalía General ordenó a sus fiscales el cierre de las investigaciones), Hermanitas Terán (caso narcotráfico), Gabriela Zapata pareja del Presidente Morales Ayma (Gerente de CAMC con régimen especial de salidas del penal con fines estéticos y sugestivas visitas a autoridades de gobierno).

Se asume  también, que hay congresos arbitrarios que actúan sin tomar en cuenta los fines del Estado Constitucional, utilizando la mayoría como aplanadora de los valores, degenerando en la partidocracia hegemónica, que limitada en su visión se reducen a aprobar los proyectos de leyes que remite el ejecutivo, así ha ocurrido con el  Código Penal abrogado por la fuerza de los mandiles blancos, la Ley de Organizaciones Políticas para legitimar la candidatura de Evo Morales y García Linera en las elecciones de 2019, La  Ley del SUS y la Ley de reforma del Régimen Electoral.

No exento de la descomposición institucional, es la jurisdicción constitucional, porque el baremo para evaluar su adecuación al Estado Constitucional y sus principios dogmáticos que la justifican, tendrán que relacionarse con la constatación de que las instituciones políticas y culturales estén legitimadas democráticamente con transparencia; las personas vivan los derechos humanos y perciban que se sienten garantizados por el Tribunal Constitucional, y el ordenamiento jurídico exprese la integración de estos principios y contenidos en la Constitución.

Ahora bien, si esta es la filosofía del Constitucional, resulta paradójico que el Magistrado Ceballos Acuña después de haber sido denunciado como reincidente de violación doméstica, propinada a la esposa que allana la extinción de la acción penal al amparo tergiversado de  aplicación de la institución de conciliación –repito-, siendo reincidente, ¿cómo se atreve reasumir funciones jurisdiccionales con la complacencia del  Presidente y pleno del Tribunal Constitucional si el artículo 114.1 de la Constitución sanciona estos hechos con la destitución?. Queda claro que la violencia física o moral en el núcleo de la familia es una tragedia a sancionar y reparar los daños, porque  quien la comete de forma reincidente pierde moral y materialmente la credibilidad en su función de garante de los derechos fundamentales, libertades de las personas y derechos humanos, y no puede pasar a ser “víctima de su propio éxito político” en la justicia ordinaria y ser laureado nuevamente con el ejercicio de la jurisdicción constitucional y nada menos por los tribunos que no se inmutan de la gravedad y lo que manda la Constitución. Asimismo, el Legislativo no puede permanecer escéptico ante semejante afrenta a los derechos de la mujer y la familia, si tienen capacidad de seleccionar, designar y posesionar a los Magistrados ¿por qué no ejecuta la medida de la destitución, sin ampararse en el discurso estéril de la “renuncia voluntaria”. 

Solventando los argumentos, resulta doblemente paradójico su retorno de Ceballos Acuña al TCP, si en representación del Tribunal Constitucional en fecha 17 de diciembre de 2018 fue expositor del tema: “Enfoque de género en la Constitución Política del Estado”, en el Taller Internacional de Género hacia el cumplimiento de una Agenda Global, en la ciudad de Sucre.

El profesor Pegoraro dice “no será la aristocracia, sino la oligarquía antidemocrática la que estaría irrumpiendo en el equilibrio de la Constitución que llamamos neoconstitucionalismo”.