Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 15 de febrero de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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Otras palabras
Nuevo escenario de debates sobre la sociedad que queremos
La sociedad boliviana empieza 2018 en un escenario de movilizaciones sociales por la defensa de la democracia y la construcción de nuevos horizontes sociales y económicos. Este será un año de multiplicación de espacios de debates sobre el país que queremos y por el cual estamos dispuestos a luchar en las calles, y en las urnas.
El desarrollo social justo y sostenible en términos socioeconómicos, de
género, generacionales y étnicos pasa por el fortalecimiento del Estado
de bienestar social con la incorporación del derecho social al cuidado.
En América Latina el debate sobre la organización social y económica de
los cuidados, y el papel de las políticas públicas en esta materia está
avanzando. El derecho al cuidado fue reconocido en el marco normativo
internacional. Su incorporación en la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible significó un paso fundamental en el marco de los acuerdos
globales.
El objetivo 5. “Alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres
y niñas” incluye el mandato de “reconocer y valorar el cuidado no
remunerado y el trabajo doméstico”. La meta 5.4 establece la necesidad
de los Estados “de proveer servicios públicos, infraestructura y
políticas de protección social, bajo el enfoque de la corresponsabilidad
del cuidado.”
El derecho al cuidado reorienta la coordinación de las políticas
sociales y económicas para el ejercicio efectivo de los derechos a la
educación, salud, seguridad, y empleo en igualdad de oportunidades y,
por lo tanto, plantea un cambio en el marco conceptual de las políticas
para enfrentar integralmente los problemas de pobreza, violencia y
desigualdad social. En otras palabras, el nombramiento del derecho al
cuidado permite identificar las condiciones necesarias para viabilizar
el acceso y el goce de los derechos sociales, y económicos.
Las políticas públicas de cuidado abarcan un conjunto amplio de áreas de
intervención a través de la coordinación entre el Estado, las
organizaciones públicas no estatales, organizaciones privadas y las
familias en todos los niveles territoriales para garantizar protección, y
cuidado a las personas que lo requieren de forma intensiva y
especializada. De esta manera, las políticas públicas de cuidado se
intersectan con las políticas educativas, culturales, laborales, de
salud, desarrollo productivo, desarrollo urbano y vivienda, entre
otras.
El concepto de cuidado articula los derechos de los que proveen cuidado y de los que reciben cuidado en la reconfiguración de las políticas de bienestar social en el siglo XXI bajo principios de solidaridad, justicia, cooperación y equidad. La noción de solidaridad parte del importante papel del Estado como garante de bienestar social a todos ciudadanos y ciudadanas, y es una noción que resurge como valor central en la constitución de nuevos ordenes sociales.
La política integral de cuidado tiene el potencial para prevenir un
conjunto de problemas que vulneran los derechos de la infancia, de los
adultos mayores, de las personas con discapacidad y enfermos, y de las
mujeres y hombres con responsabilidades familiares.
En relación a la niñez y la adolescencia, las políticas integrales de
cuidado pueden precautelar la exposición a actividades delictivas, y el
consumo de drogas, el ingreso temprano en el mercado laboral en
detrimento de la formación educativa, la inseguridad física y emocional,
como la violencia sexual intra y extra-familiar, el embarazo
adolescente, los problemas de salud debido a la permanencia de los
niños, y adolescentes en espacios públicos inadecuados; menores niveles
de rendimiento escolar debido a la alimentación deficitaria y carencia
de apoyo, entre otros problemas sociales.
Pese a que el cuidado como derecho social se consolidó en el marco
normativo internacional y la agenda regional, a nivel de los países es
un proceso que recién está empezando. Todavía el trabajo de cuidado
recae principalmente sobre las familias y, a su interior, sobre las
mujeres, en contextos de escasas y fragmentadas políticas, programas y
acciones. Situación que vulnera los derechos de niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Todavía son
muchos los desafíos en la construcción de políticas de cuidado
integrales y sostenibles con programas, y servicios accesibles y de
calidad en América Latina y, en específico, Bolivia.
Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.