La instancia legislativa norteamericana aprobó la resolución a pedido de tres senadores, entre ellos Robert Menéndez, quien “ha sido acusado por las autoridades judiciales de EEUU de más de 10 delitos bajo el rubro general de corrupción”, según un artículo publicado por Miguel Ángel Ferrer, de Telesur.

La resolución menciona su preocupación por los esfuerzos para eludir los plazos del mandato presidencial establecidos en la Constitución boliviana y considera que el referendo de 2016 reflejó la voluntad legítima de la mayoría de los votantes.

En respuesta, el presidente Morales dijo que dicha postura “no es ninguna novedad”, ya que forma parte de varios intentos de injerencia norteamericana que buscaron amedrentar, intimidar y afectar la soberanía de Bolivia. 

En 2002, por ejemplo, el entonces embajador estadounidense, Manuel Rocha, en un intento por satanizar a Morales, lo comparó con Bin Laden, y a los cocaleros, con los talibanes.

El diplomático advirtió que si el pueblo boliviano votaba a favor del Jefe de Estado, se afectarían la cooperación, las inversiones y se suspendería toda ayuda económica al Gobierno de Bolivia.

En respuesta, el pueblo votó en forma mayoritaria a favor de Morales en una actitud antiimperialista.

En 2013 se produjo el secuestro del avión presidencial que transportaba a Morales en un intento estadounidense de amedrentar al país y al Jefe de Estado. 

En 2008, el embajador Philip Goldberg intentó obstaculizar y bloquear la aprobación de la Constitución Política del Estado mediante actividades conspirativas que le llevaron a ser expulsado del país.

En ese contexto, Morales rechazó ayer, vía Twitter, el nuevo intento injerencista norteamericano: “La resolución del Senado de #EEUU pretende violar la soberanía de #Bolivia y atenta contra el principio de no injerencia y respeto a la voluntad democrática de los pueblos, consagrado en la Carta de la #ONU. El pueblo boliviano es libre y digno y rechaza toda forma de intromisión”.

Esta resolución estadounidense, además, desconoce que el Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución boliviana habilitan la postulación de Morales.

Al respecto, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que hace viable la candidatura se basa en el artículo 256 de la Carta Magna, que plantea “que en el ámbito de derechos humanos los tratados o convenciones que sean más favorables que la Constitución deben tener aplicación preferente sobre ésta”.

El Pacto de San José, que fue suscrito por Bolivia en 1993, establece en su artículo 23: “Derechos políticos 1.- Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (…) b. votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

Es decir que la norma jurídica establece que los derechos humanos son de cumplimiento obligatorio, por lo que el fallo del TCP que habilita al Presidente es constitucional, legal y legítimo, aspectos que no son incluidos en la resolución estadounidense. 

Respecto al referendo de 2016 (mencionado en el pronunciamiento del Senado estadounidense), en esa consulta ganó la mentira, la conspiración interna y externa de actores políticos y algunos medios de difusión con el caso Zapata (hasta se alquiló a un niño para sustentar la mentira). 

En ese contexto, el Jefe de Estado tuiteó que “EEUU no tiene moral para hablar de respeto a DDHH, y ahora su Senado habla de respeto a la democracia en América Latina. Si están preocupados, los invitamos a presenciar las elecciones en octubre. El pueblo boliviano les puede enseñar cómo toma decisiones con dignidad y soberanía”.