Los antecedentes son importantes. En noviembre del año 2000, varias mujeres concejalas electas en las elecciones municipales de 1999, una vez vigente la cuota del 30 por ciento mínimo de candidaturas femeninas, rompieron el silencio. Sus denuncias causaron revuelo. En audiencia pública ante la Comisión de Participación Popular y Descentralización de la Cámara de Diputados de tiempos “neoliberales” hablaron de hostigamiento y violencia experimentada en el ejercicio de sus funciones. Reportaron amenazas por resistirse a recaudar dineros para recuperar costos de campaña de la dirigencia partidaria, por luchar contra la corrupción y exigir rendición de cuentas; narraron actos de humillación pública y la intervención de sus propias familias hasta lograr su renuncia y la habilitación de sus respectivos suplentes (varones). La visibilización del problema fue posible gracias a la gestión de la naciente Asociación de Concejalas (hoy Acobol), la articulación plural de mujeres en torno al Foro Político de Mujeres cuyas  diputadas actuaron al extremo de confrontar a sus propios compañeros de partidos.

Ese año, se encendieron las luces rojas. Los avances inclusivos provocaron la resistencia a la participación de las mujeres antes ausentes. Se desnudó, la persistencia de una dinámica política “machista”, relaciones de poder desigual y barreras, más o menos visibles, en el entramado del tejido institucional de la política formal e informal predominantemente masculina.

Desde entonces, Bolivia se convirtió en el primer país en América Latina en documentar casos de acoso y violencia contra mujeres políticamente activas y en posicionar esta problemática en la agenda internacional pro defensa de los derechos políticos y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. A la par de acciones de la ONU y la OEA, la problemática se globaliza bajo diversas iniciativas. Hoy se evidencia que esta violencia desincentiva la participación política de las mujeres, viola su dignidad y socava la democracia siendo un obstáculo para el fortalecimiento de sociedades igualitarias y no discriminadoras.

Paradójica y lastimosamente, Bolivia ya no tiene razones para presumir su condición de pionera en el desarrollo eficiente de políticas y acciones en este campo.  La impunidad, la debilidad y aislamiento de instituciones que debieran impulsarlas, la crisis judicial que toca fondo, la violencia en la retórica política cotidiana entre bloques políticos, sumadas a la intolerancia e incapacidad de dirimir conflictos y las diferencias dentro y entre los partidos conducen a la mera instrumentalización  de la ley pulverizando el sentido y los fines que la inspiraron.  

Sobran casos de su manoseo. Basta mencionar, el juicio por acoso planteado por Felipa Huanca (ex dirigente y candidata a la gobernación del MAS) contra un diputado opositor, también indígena, que ejerció su atribución fiscalizadora basado en un informe oficial de la Contraloría activado en el caso de corrupción del Fondo Indígena que señalaba a Huanca como una de las involucradas en este bullado caso. Fue el momento para desterrar la idea esencialista que proclamaba a mujeres e indígenas como la reserva moral de la humanidad, la política y el proceso de cambio. Insisto en que, como mujeres, no debemos tener una mirada complaciente respecto a los avances y leyes convertidas en papel mojado. No ayuda eludir responsabilidades políticas al encubrirlas o justificarlas a partir de la victimización argumentando acoso, violencia, disciplina partidaria y lo que es peor inexperiencia. Posiciones acríticas en un contexto de polarización desvirtúan nuestras conquistas.

La autora es psicóloga, cientista política, ex parlamentaria