A este último eje se refirió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su más reciente reunión, realizada en Cartagena, en la que exigió al Gobierno de Bolivia “guardar respeto a las convenciones y tratados internacionales que protegen la libertad de expresión y se eviten las restricciones a este derecho fundamental por vías directas como la aplicación de la publicidad gratuita”.

Según el informe, el Gobierno boliviano aprobó 13 leyes durante sus 13 años de gobierno, en las que obliga a los medios a asignar espacios publicitarios gratuitos para temáticas diversas, que van desde la prevención de la violencia hacia la mujer hasta el racismo, pasando por la trata de personas.

Lo paradójico es que el Gobierno no pone publicidad en los medios considerados críticos, pero en cambio, les obliga a publicitar sus políticas de manera gratuita.

Es cierto que la mayoría de las temáticas a las que se refiere este tipo de avisaje tiene que ver con temas de interés social, pero el fondo de la estrategia es la presión económica a los medios.

El informe de la SIP fue hecho público antes de que se conociera que la Ley de Partidos obligará a los medios a publicar propaganda gratuita en favor de los partidos que participarán de las elecciones de octubre. La norma establece que se financiará la mitad de esa pauta publicitaria a través del TSE  y que la otra mitad será gratuita.

En medio de estas malas noticias para la libertad de expresión, la periodista Amalia Pando ha iniciado una campaña de recolección de fondos a través de internet, buscando recaudar  20.000 dólares para lo que resta del año. La buena noticia es que en pocas horas ha logrado recaudar una importante suma.

Lo que sucede con Pando se está expresando también en el apoyo que la ciudadanía brinda a otros medios, ya sea comprando un periódico, escuchando la radio, viendo la televisión o siguiéndolos en redes sociales. Esto habla muy bien de la conciencia democrática de la gente, de un buen momento en cuanto a credibilidad para el periodismo independiente y del inicio de un ciclo malo para la estrategia del Gobierno.

En medio de la polémica, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, se ha abierto a una flexibilización de las normas que asfixian a los medios. Habrá que ver si logra convencer de su oferta a los duros de su partido.