Dejando de lado la pertinencia del adjetivo “contundente” en esta oportunidad, centremos nuestra atención en lo que García Linera y otros voceros  gubernamentales rechazaron y continúan haciéndolo, utilizando para ello una traducción libre del texto del proyecto de resolución que, en inglés, aparece en el portal del Senado estadounidense. En la parte considerativa, el documento contiene las siguientes apreciaciones:

“Considerando que en 2005 Evo Morales ganó las elecciones como Presidente, convirtiéndose en el primer ciudadano de origen indígena electo para la presidencia”.

“Tomando en cuenta que en Bolivia la población indígena fue históricamente marginada, pese a representar el 41% de la población, según el censo de 2012”

“Reconociendo que en 2006 el pueblo de Bolivia eligió una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, consagrando al máximo los derechos políticos y económicos de la población indígena del país, mientras que los principales partidos de oposición boicotearon la elección de la Asamblea”.

“Recordando que en 2008 Evo Morales fue ratificado mediante un referendo revocatorio con el 67% de los votos  y en 2009 ganó la reelección para su segundo período con el 60% de los sufragios válidos”.

“Considerando que en 2013 la Asamblea Legislativa aprobó una ley habilitando la postulación de Evo Morales para un tercer período, ley que fue ratificada por el Tribunal Constitucional”.

“Tomando en cuenta que en 2016 el Gobierno de Bolivia convocó a referendo nacional para modificar la Constitución, buscando habilitar un nuevo período para Evo Morales, evento en el que más de la mitad de los votantes rechazaron la reforma”.

García Linera debe explicarle al país por qué rechaza estas afirmaciones de los senadores proyectistas o, al menos, reconocer que cuando formuló sus mecánicas declaraciones desconocía el texto del proyecto de resolución. ¡Basta de formular declaraciones dogmáticas y arcaicas conceptualmente! 

Siguen a continuación otros siete considerandos, en los que efectivamente se discute y cuestiona que la reelección indefinida sea calificada como un derecho humano y, a continuación ingresa, a la parte dispositiva en los siguientes términos: 

“Por tanto, Resuelve, que el Senado: 

1. Apoya las importantes transiciones a la democracia y las transferencias pacíficas regulares de poder a través de elecciones que han tenido lugar en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en las últimas décadas.

2. Reconoce el significado histórico de  las elecciones de 2005 en Bolivia. 

3. Expresa preocupación por las acciones para eludir los límites del mandato presidencial en Bolivia. 

4. Respalda los límites al mandato presidencial que prevalecen en América Latina como controles razonables contra un historial de golpes, corrupción y abusos de poder. 

5. Expresa la convicción de que la votación del referéndum de 2016 en Bolivia para mantener los límites del mandato presidencial reflejó la voluntad legítima de la mayoría de los votantes. 

6. Está de acuerdo con la interpretación del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos que la Convención Americana de Derechos Humanos no es aplicable a los límites del mandato presidencial. 

7. Insta al Gobierno de Bolivia respetar y restablecer la independencia de los órganos electorales y administrar las elecciones de octubre de 2019 en cumplimiento de las normas democráticas internacionales, y sus propios límites constitucionales al periodo presidencial, y 

8. Pide a las democracias latinoamericanas que continúen defendiendo las normas y estándares democráticos entre los estados miembros.

Este es el texto de la resolución que podría aprobar el Senado estadounidense, rechazado “contundente y categóricamente” por el Vicepresidente, quien, en verdad, debe explicarle al país por qué no está de acuerdo con estos ocho puntos de la parte resolutiva, especialmente con los cuatro primeros.