El magistrado fue denunciado por su esposa el 10 de marzo por maltrato físico y psicológico. Debido al caso, pidió licencia entre el 18 y 29 de marzo y luego la volvió a solicitar hasta el 12 de abril; sin embargo, este martes remitió una carta para anunciar que se reincorporaba a sus funciones.

Con su carta y decisión, Ceballos afrenta a todos y parece no importarle los esfuerzos de combatir el flagelo de la violencia contra la mujer.

Por su autoridad, el magistrado es un hombre que no sólo debe cumplir la ley, sino dar el ejemplo a un país en el que el 40 por ciento de los hechos de violencia y criminalidad que se presentan cada año responde a la violencia intrafamiliar o doméstica. Sólo en 2018 se denunciaron 32.058 casos, aunque la cifra de mujeres que callan y no denuncian es muchísimo mayor.

Las cifras siguen alarmando. Bolivia es, después de Brasil y Colombia, uno de los países con mayor cantidad de feminicidios de Sudamérica. Sólo el año pasado, 128 mujeres perdieron la vida en el país.

La cantidad de casos de violencia contrasta con los que tienen condena: apenas el 1,3 por ciento de los hechos denunciados. Sin duda que muchos procesos se dejan a medio camino por el desistimiento de las víctimas que sucumben a las presiones y propuestas de arreglo de los agresores. Coincidencia o no, la esposa de la autoridad del TCP también levantó los cargos.

La decisión del magistrado indignó a las diputadas del oficialismo y la oposición, que este martes se pronunciaron, de forma separada, en contra de la autoridad judicial y le exigieron renunciar y le advirtieron con iniciarle un juicio de responsabilidades si no deja el cargo.

Pero para él, lo sucedido es sólo un “problema circunstancial”. Sin duda que más de un agresor piensa lo mismo cuando golpea e insulta a su pareja y luego minimiza sus acciones atribuyóndolo a emociones violentas, alcohol y un sinfín de excusas.

Aunque el magistrado se mantiene firme en su cargo, él ya no tiene moral para ocuparlo y, por respeto a la sociedad, debe renunciar.