Y es que la conferencia de prensa dictada ayer por legisladoras de oposición y oficialismo, de forma separada, transmitió la indignación y el repudio de estas mujeres. Mientras las oficialistas advirtieron a Ceballos que se "atenga a las consecuencias" si no renuncia, las de oposición condenaron el hecho y hasta hablaron de "complicidad" de las autoridades. Horas antes, se conoció que Ceballos acortó los 10 días de licencia que pidió por la denuncia de violencia intrafamiliar y decidió retornar a sus funciones.  

Pero hay otros casos en los que el oficialismo y también la oposición se mantuvieron distantes y no se pronunciaron respecto a estas denuncias.

Alcalde agredió a una concejala

Mary Carmen de la Cruz, concejala del municipio de Achocalla, denunció en junio de 2018 que el alcalde de esa jurisdicción, Damaso Ninaja (MAS), le dio un puñete en el rostro al salir de una sesión. El golpe provocó que ella cayera en el piso y, posteriormente, presentó la denuncia ante la Fiscalía, pero el proceso no avanzó.

En 2017, Ninaja ordenó distribuir panfletos en contra de la concejala y además la agredió verbalmente en más de una oportunidad.

De la Cruz reclamó hoy que las legisladoras no se pronunciaran sobre su caso y exigieran la renuncia de Ninaja, como lo hicieron con Ceballos.

"Yo he sufrido violencia física por parte del alcalde del MAS, Damaso Ninaja, donde he denunciado públicamente en los medios de comunicación como en la justicia boliviana. Me siento discriminada porque las hermanas legisladoras no se manifestaron en su momento pidiendo la renuncia de este alcalde agresor. Así como yo, hay muchas hermanas concejalas que son víctima de las autoridades. Por tanto, hermanas legisladoras, deben ser ustedes portavoces de todos los casos", afirmó en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

Actualmente Ninaja continúa en sus funciones como alcalde de Achocalla.

Diputado del MAS violó a su hija de ocho años

El ahora exdiputado Justino Leaño (MAS) fue acusado de violar a su hija de 8 años en 2012. Un año después fue expulsado de la Cámara de Diputados, aunque fue por faltar al Legislativo y no por el delito de violación. Fue sentenciado a más de 20 años de cárcel, pero por parte del MAS, sólo existieron breves respuestas de condena en ruedas de prensa cuando se les consultó sobre el tema.

Otro diputado con sentencia y seguía en listas del MAS

Jacinto Vega fue acusado de violar a una menor de 9 años en 2012; y en enero pasado fue sentenciado a 20 años de prisión. En 2015, juró como diputado del MAS y fue suspendido tras ser acusado de otras dos violaciones a menores de edad.

En enero de 2018, la exministra de Cultura del gabinete de Evo Morales, Elizabeth Salgueiro, publicó en Twitter un reclamo para exigir que se suspenda al legislador, ya que a seis años de conocerse la denuncia, el mismo aún cobraba su dieta y figuraba en las listas del MAS.

Una diputada de oposición acompañó el reclamo, pero el pronunciamiento no fue de relevancia.

Un diputado arrestado por ocho horas por golpear a su esposa

En noviembre de 2014, el diputado del MAS, Wilfredo Calani, fue acusado de golpear a su esposa. El hecho se conoció cuando los vecinos escucharon los gritos de la mujer que era golpeada en su domicilio. El legislador permaneció arrestado ocho horas y salió libre.

Al ser consultados por la prensa, el diputado del oficialismo, Rodolfo Calle y el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, anunciaron pedir informes y someter a Calani a la Comisión de Ética, pero los pronunciamientos no tuvieron mayores incidencias.

Senador denunciado por agresión

En octubre de 2013, el entonces senador del MAS, Adolfo Mendoza, fue acusado por su esposa de violencia física e incluso lo llamó "verdugo" por golpearla en estado de ebriedad.

Mendoza negó las acusaciones con el argumento de que se trataba de un conflicto personal. “No tengo nada que comentar, lo que existe es una demanda de divorcio yo debo proteger la integridad de mi hija y mi esposa, no tengo nada que comentar” señaló.

En este caso, las legisladoras del MAS guardaron silencio. Solo la diputada opositora Norma Piérola hizo seguimiento del caso y dos meses después, Mendoza fue sometido a la Comisión de Ética de la Cámara Alta, pero el proceso nunca avanzó y el caso quedó en el olvido.